Por Cecilia [email protected]
Lo dijo Omar Alcalde, su presidente. La situación se regularizó y hoy poco más de 2.500 estatales cobran la mitad de su haber. En la Administración Pública Central el límite para endeudarse con descuentos en el bono es el 50% del salario de bolsillo.
“Llegamos a tener 400 policías en quiebra”, afirmaron desde Ampuppol
El sistema de descuentos por bono de sueldo en la Administración Pública provincial funciona desde 1991, pero no fue hasta el 4 de abril de 2012, fecha en que entró en vigencia el Centro Único de Autorización de Descuentos (CUAD), que se logró organizarlo para evitar los abusos, tanto por parte de empleados como de entidades asociadas, que perjudicaban el espíritu del mecanismo. Así hoy, apenas el 3% de la planta total de estatales tiene su sueldo comprometido con el límite establecido.
En rigor de verdad, el decreto 306 que reglamentó el sistema fue publicado en marzo de 2010 pero la implementación del complejo sistema on line que permite administrar los códigos de descuentos por bono por compras y/o contrataciones privadas realizadas por empleados con entidades o empresas que lo integran demandó dos años.
Dicha normativa establece, en su artículo 3, que “los descuentos por las deudas o prestaciones que los agentes públicos voluntariamente pacten con las entidades titulares de códigos de descuento en el marco del presente sistema no podrán superar, en conjunto, el tope del 50% del haber mensual neto, al momento de informarse la realización de la operación”.
Para poder sacar la cuenta se considera lo que el empleado recibe de bolsillo, una vez que ya se le hayan descontado todos los ítems que son obligatorios por ley, como la jubilación y la obra social, y los que emanen de cuotas sindicales o por orden judicial.
Según datos brindados por la oficina de Prensa de la Gobernación, hoy son 2.547 los empleados públicos que cobran la mitad de su sueldo o aun menos, puesto que algunos están más endeudados ya que el decreto no tiene efecto retroactivo y muchos ya tenían su salario comprometido más allá de ese techo, sobre un total de 94.117 personas registradas con CUIL como personal de planta permanente, temporaria, contratados y con horas cátedra.
ModificacionesPocos días antes de la finalización de su mandato, el entonces gobernador Celso Jaque firmó el decreto 3.117/11, que modificó algunos aspectos del sistema.
Entre ellos se destaca que “las entidades regidas por la Ley Nº21.526 (es decir los bancos comerciales, de inversión o hipotecarios, las compañías financieras, las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda y otros inmuebles, y las cajas de crédito) sólo podrán otorgar créditos a los agentes públicos hasta el tope máximo del 20% del haber mensual neto”. Además se restringió el total de descuentos afectables por seguros no obligatorios al 5% y se decidió establecer, aparte del límite del 50% que rige para todo el sistema, un tope extra del 10% para descuentos vinculados con el rubro farmacéutico.
La historiaSi bien el sistema fue implementado en 1991 a través del decreto 3.734, con el paso del tiempo y en virtud del uso que se le dio se desbordaron las intenciones originales de acercar a los agentes a instituciones sin fines de lucro. En 1997, durante el gobierno de Arturo Lafalla se estableció, a través del decreto 2.073/94, un Sistema Único de Código de Descuento que admitía un endeudamiento máximo del 30% del sueldo del agente.
Sin embargo, según se indica en el mencionado decreto 306, ese sistema “nunca se tornó operativo, no cumpliendo por tanto con los fines propuestos”.
Opina: Omar Alcalde, presidente de Amuppol“Llegamos a tener 400 policías en quiebra”
“Para nosotros el Centro de Descuentos ha funcionado perfectamente. Antes era muy común que los policías tuvieran muchos descuentos. Hoy podría decirse que es al revés. Entre el 90% y el 95% de la fuerza está asociado a Amuppol y podemos ver que los bonos están saneados. Hace algunos años, en el 2009, había unos cuatrocientos policías que estaban en quiebra por abusar de los descuentos por bono. Esta situación les impedía ascender o acceder a otros beneficios de la carrera policial o penitenciaria. Hoy por hoy el 90% de ellos ya ha salido de esa situación. Incluso desde la mutual se los ayudó para que pudieran enfrentar la situación judicial.Hasta el síndico (de la quiebra) les pagamos. Desde aquella oportunidad trabajamos de una manera, si se puede decir, más ética y directamente no les prestamos el servicio de la mutual a los policías que tienen algún conflicto en su bono, justamente para que no se compliquen más”.
Límite sujeto al salario mínimo, vital y móvilEn los primeros días de enero de 2012, el vicepresidente Amado Boudou, a cargo del Ejecutivo ante la cirugía que se le practicó a la Presidenta para extraerle un tumor de la glándula tiroides, firmó el decreto 14/2012, que regula el régimen de deducciones en los haberes de los agentes de la Administración Pública nacional.
El objetivo era facilitar el acceso al crédito pero estableciendo “un límite máximo razonable de afectación de los haberes, a los fines de evitar que las deducciones se tornen confiscatorias”.
Así se estableció que los descuentos no pueden exceder el 30% del sueldo luego de que a éste se le hayan practicado las retenciones impuestas por las leyes. Pero además, el monto que resulte una vez hechas las deducciones obligatorias no puede ser inferior al salario mínimo, vital y móvil, que actualmente es de $3.600. Una vez asegurada esta situación, recién ahí se pueden comenzar a descontar las cuotas por compras y préstamos tomados por el empleado.
Tope al costo financieroEl decreto además establece un tope al costo financiero total, el cual puede ser de hasta el 5% más que la tasa informada por el Banco Nación.
Sin éxito trataron de legislar sobre el sistemaEl 16 de abril de 2002, la Cámara Alta le dio media sanción a un proyecto de ley presentado dos años antes por el entonces senador Ramón Lucero. La iniciativa buscaba darle un marco de legalidad a la práctica del descuento por bono de sueldo, que se ejerce desde 1991.
El proyecto pretendía que el total de las deducciones efectuadas a cada agente no excediera el 50% de sus haberes, al tiempo que establecía un orden de prioridad para las retenciones: primero se descontarían las establecidas por ley (incluidas cuotas judiciales de embargo o alimentarias), luego las solicitadas por el agente financiero de la Provincia y los partidos políticos, luego las reclamadas por entidades mutuales, cooperativas, gremiales o civiles, y por último otros descuentos debidamente autorizados por el empleado.
Hacia la privatizaciónLa iniciativa obligaba a las entidades participantes a organizar una “estructura adecuada para implementar un sistema de registración similar al de autorizaciones de operaciones comerciales”, cuestión que fue interpretada por muchos como una virtual privatización del sistema.
De cualquier manera el proyecto siguió su derrotero administrativo hacia la Cámara de Diputados, donde finalmente quedó frenado en medio de acusaciones cruzadas entre mutualistas y funcionarios del Ejecutivo de querer sumar al sistema a instituciones privadas como bancos y otras entidades con fines de lucro en desmedro de mutuales, asociaciones y cooperativas que no persiguen a simple vista fines comerciales.
Otras iniciativasAlgunos con más criterio, otros de manera implacable, varios legisladores provinciales intentaron meter mano al sistema para regularlo.
Durante el transcurso del 2002, el por entonces senador Marcos Garcetti (FISCAL) presentó un proyecto para proteger la intangibilidad del salario, estableciendo un tope de descuentos de hasta el 20% del sueldo.
En la otra vereda, en abril de 2004, el diputado Jorge Carballo (UCR) directamente propuso que el Estado no autorizara ningún tipo de descuento por bono a sus empleados. En los fundamentos del proyecto se mencionaba que muchas de las entidades mutuales adheridas al sistema “se han convertido en agentes financieros de préstamos personales obligando a los mismos a asociarse a dichas instituciones, las cuales aplican tasas de interés verdaderamente usurarias que permiten que con la devolución los agentes paguen entre 2 y 3 veces el monto de lo solicitado o adquirido”.
El policía que baleó al gerente de una financiera por los descuentosEl 14 de marzo de 2001 el cabo de la Policía de Mendoza Darío Arana hirió de tres balazos al entonces gerente de la financiera Crédito Mágico, Alejandro Genovese, en el local de avenida Las Heras casi España.
Fue tras haber recibido una intimación de pago en su domicilio por cuotas de un préstamo de dinero que tramitó y pagó a través de la mutual policial y de suboficiales AMSA. Fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por la Séptima Cámara del Crimen, el 7 de abril de 2003, por el delito de lesiones graves. Además fue exonerado de la Policía de Mendoza.
La víctima sufrió una gravísima lesión en una pierna.



