La Presidenta atribuyó el desabastecimiento a la política de inversiones de las empresas del sector, a las que acusó de quedarse con la parte de las ganancias que debían destinar para sostener la producción. Los gobernadores de provincias con petróleo se alinearon con la demanda de la mandataria y se sumaron a la guerra que ésta le declaró a YPF.
Integrado a ese frente, Pérez decretó la caducidad de dos áreas productoras usufructuadas por YPF e intimó a la empresa a demostrar el cumplimiento de las inversiones en otras ocho zonas, bajo amenaza de rescisión de contrato.
Las áreas dadas de baja eran las de menor producción entre las explotadas por la compañía en Mendoza. Así, el gobernador cumplió una de las órdenes estratégicas de la Casa Rosada para debilitar a la petrolera controlada por Repsol, pero se cuidó de no minar por completo la relación con la compañía hasta tanto no se defina el conflicto con la Nación.
El destino de las ocho áreas amenazadas por la administración provincial no se definirá antes de que el Gobierno Nacional resuelva cómo sigue su jugada después de que Repsol ponga en juego las cartas más fuertes que le quedan en la mano. Para eso, llegará Brufau al país en las próximas horas y desde el lunes intentará reunirse con algún interlocutor válido del Ejecutivo.
Desde que el Gobierno le declaró la guerra a la petrolera, Brufau hizo varios intentos para conseguir una audiencia con la Presidenta, incluso viajó al país para gestionarla personalmente, pero no logró el objetivo.
El ejecutivo español trae un plan que cuenta con el aval del gobierno de Mariano Rajoy para mantener la participación de Repsol en la petrolera argentina. Pérez no tendrá una participación decisiva en la resolución de la negociación de la propuesta española, pero del resultado de la misma dependerá cómo sigue la relación del gobierno que encabeza con la petrolera con mayor actividad en Mendoza.
Según el diario Clarín, para disuadir las intenciones de la Casa Rosada de avanzar sobre la participación de Repsol en YPF, Brufau tiene un as bajo la manga: la decisión confirmada del Gobierno de España de adoptar un paquete de represalias económicas y políticas contra Argentina, si avanza el plan unilateral de estatizar la petrolera.
En cambio, si el gobierno de Cristina Fernández le asegura que no afectará la participación de Repsol en YPF, los españoles están dispuestos a negociar la apertura del paquete accionario de la compañía a la participación estatal, un eventual cambio de la conducción, la forma de remisión de utilidades y un plan de inversión que convocaría a cinco grandes petroleras: Exxon, Total, Shell, Petrobras y Sinope.