Por Alejandro [email protected]
Los robos y hechos de inseguridad que a diario y desde hace casi 20 año golpean con virulencia la realidad cotidiana, sumados a algunos casos puntuales y escandalosos de los últimos días, el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical exigió ayer al gobernador Francisco Pérez en un comunicado que “tome la riendas de la seguridad” y manifestó su preocupación por “la corrupción que se observa en la policía”.
Lo hizo a través de su bloque de diputados provinciales, que uno a uno firmaron el documento. La UCR recriminó a Pérez: “La seguridad de la provincia se le fue de las manos” y le reprocha los últimos hechos salidos a la luz en los que policías y guardiacárceles aparecen mezclados en casos delictivos. Puntualizó al respecto los casos del policía que se estrelló con una patrulla policial tras montar un falso control en estado de ebriedad y robar la billetera de un ciudadano. O el del agente penitenciario que cayó detenido por intermediar, pedido de coima de $15.000 de por medio, con los familiares de preso para obtener un informe forense favorable que le permitiera acceder a la prisión domiciliaria. En ese sentido, el comunicado radical afirmó: “La falta de información y de un plan de seguridad transparente desliza la posibilidad de que estemos frente a muchos casos como estos últimos y no se sepan, lo que imposibilita cortar de raíz con estos graves hechos que nos dejan aún en una situación más vulnerable a todos los ciudadanos”. En el Gobierno, ni enterado Como la Unión Cívica Radical no montó ni anuncio ni conferencia de prensa para dar a conocer el comunicado, sino simplemente lo envío por correo electrónico a los medios de comunicación, los referentes peronistas del Poder Ejecutivo y la Legislatura se mostraron sorprendidos con la novedad. Casi todos los consultados por Diario UNO prefirieron no hacer declaraciones y referir que cuando lo hablaran con el gobernador Francisco Pérez y evaluaran de qué modo iban a responder, entonces recién saldrían a contestar públicamente. El único que hizo declaraciones fue el presidente de la Cámara de Diputados, el justicialista Jorge Tanús, quien señaló con asombro: “Me sorprende muchísimo porque estuvimos en sesión esta mañana (por ayer) con los radicales y no dijeron nada. Es más, aprobamos las leyes de la recomposición salarial de la policía y los diputados de la UCR hablaron maravillas de la fuerza policial y hasta destacaron que la mala conducta de unos pocos no mancha a la institución y resulta que ahora salen a decir lo contrario. Yo creo que tendrían que ponerse de acuerdo en qué hacer. Quizá se hayan arrepentido de lo que afirmaron en la mañana”. Sin política de Estado En el comunicado enviado y firmado por el bloque de diputados del radicalismo se remarca: “La seguridad de la provincia se le fue de las manos a Pérez desde hace mucho tiempo y nunca tomó esta problemática como una verdadera política de Estado, la cual requiere de un abordaje serio, con un replanteo y control del sistema para que los mendocinos vivamos más tranquilos”. La afirmación deja de ser llamativa porque –aunque no fueron estos legisladores– en el pasado reciente los tres partidos (PJ, UCR y PD) que firmaron la política de Estado en seguridad después de la rebelión policial de 1999, la abandonaron dejando que cada gobierno hiciera a su saber y entender”. El escrito finaliza recalcando: “Se requiere de un completo trabajo en coordinación con el Poder Judicial ante los numerosos delitos y la corrupción que se observa a diario en la fuerza policial”. Los casos del escándalo Un guardiacárcel cayó preso junto con un psiquíatra forense cuando tramitaba una coima de $15.000 para favorecer una prisión domiciliaria. Un miembro de la fuerza policial protagonizó, en estado de ebriedad, un accidente a bordo de una patrulla luego de robar una billetera.
