Eran para el gobernador Paco Pérez y dos de sus ministros para que informen a tomadores de bonos de la “inconstitucionalidad” en este tema.
La UCR intimó al Gobierno de Mendoza mediante cartas documento
Por UNO
Con la consigna de que de “no se endeude más la provincia”, tras las negociaciones que está llevando el Gobierno de Mendoza en el exterior al tratar de colocar el bono de 200 millones de dólares, el radicalismo envió una carta documento al gobernador Francisco Pérez y a los ministros de Hacienda, Marcelo Costa, y de Agroindustria y Tecnología, Marcelo Barg, intimándolos a que informen a los eventuales tomadores que existe un recurso de inconstitucionalidad en la Justicia por este tema, ya que fue aprobado en la Legislatura sin la mayoría que marca la Constitución de Mendoza.
Asimismo, se les informa por escrito que en caso de no notificar a los tomadores, estarían incumpliendo las obligaciones de funcionario público, al no informar a terceros de esta situación. Según dejaron sentado por escrito, “esto constituiría un engaño, perjudicando, además, en forma directa al Estado provincial”.
Las cartas documentos fueron enviadas el viernes y llevan la firma del presidente del bloque de Diputados de la UCR, Néstor Parés, quien también les dijo a los funcionarios: “Suponemos que no desconoce que la toma de un crédito sin la legalidad necesaria lo hace a usted responsable de su percepción y devolución, reclamable judicialmente por los ciudadanos de la provincia, en caso de verse obligados a pagar los resultados de su gestión inconstitucional”.
Asimismo, Parés alertó: “Es su obligación informar, también, que existe una medida cautelar accesoria y que el resultado de la misma no altera en absoluto el fondo de la acción, esto es la sentencia sobre la nulidad, lo que hará nulo cualquier crédito tomado”. Según detalló el radical, ambas cosas deben ser informadas, “bajo apercibimiento de realizar negociaciones de mala fe” en las notas enviadas el viernes y que llegarán a los despachos de los funcionarios hoy en la mañana, según informaron desde Correo Argentino.
El legislador también los intimó por escrito a que en el plazo de 24 horas envíen informes por escrito “bajo membresía y protocolización oficial a quienes hubieren contactado para dichas negociaciones, incluyendo la Bolsa de Valores, la Secretaría de Finanzas, Ministerio de Economía o equivalente de los Estados o jurisdicciones donde se encontraren dichas empresas o instituciones”.
Y remarcó que el incumplimiento de estas obligaciones los hará responsable de las acciones civiles y penales, bastando la presentación de esta carta documento ante la Fiscalía correspondiente para que de oficio se inicie la acción penal.
