La DGE otorga el cambio de funciones ante el certificado de salud que les impide estar frente al aula. Además, hay otros 860 casos de educadores que cumplen misiones especiales en otras áreas del Gobierno.
La UCR criticó el traslado por enfermedad de 4.200 docentes
El radicalismo volvió a cuestionar la situación de los docentes mendocinos que tienen cambios de funciones por enfermedades o recibieron misiones especiales, y no están en las aulas. El diputado y presidente de la Comisión de Educación, Tadeo García Salazar (UCR), dijo que “se han otorgado 4.200 traslados por enfermedad y 860 misiones a otras áreas del Gobierno”, subrayando con estos datos lo que desde el sector político que representa consideran como “indicadores de una mala administración”. Esto implica que hay que contratar suplentes y, “si sumamos el ausentismo, tenemos una gestión deficiente del recurso humano”, remarcó el legislador.
Son números que –según Salazar– informó la directora general de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, cuando en diciembre asistió a ese espacio legislativo. Pese a los intentos, este diario no pudo acceder a la respuesta de esa área de Gobierno. Al comienzo de su gestión, la titular de la DGE se comprometió a recuperar a unos 2.000 docentes que estaban con misiones especiales –para Salazar quedan 860–, para reducir el gasto en remplazos y también suplir la escasez que obliga a cubrir cargos con estudiantes. “Hubo un gran trabajo en este sentido”, dijo la diputada por el Frente para la Victoria Lorena Saponara. Cuestionamiento Los docentes con cambio de funciones son aquellos a quienes la Unidad de Gestión y Salud Laboral de la oficina de Recursos Humanos de la DGE les ha dado un traslado a causa de una enfermedad (en lugar de ejercer la docencia están en áreas administrativas, por ejemplo). Las misiones especiales se otorgan a algunos educadores para que cumplan funciones en otras reparticiones públicas. Mientras Salazar agregó que “no hay un programa específico para optimizar el recurso humano en la DGE, y que de los 860 docentes que tienen misiones especiales el 50% estaría trabajando en los sindicatos”, Saponara dijo que “se redujo significativamente la cantidad de docentes con misión especial. Debieron buscar a todos los que estaban comprendidos por esta figura. Quienes trabajaban como asesores en la Bicameral de Educación ya no lo hacen”. La diputada por el FPV contó que, por otra parte, la DGE endureció los controles para autorizar cambios de funciones por enfermedades (de las cuerdas vocales, psiquiátricas, columna, entre las más comunes). “El radicalismo no tuvo ninguna acción concreta ante esta situación, por lo que entiendo que en lugar de criticar deberían generar propuestas a esta problemática que es de todas las gestiones”, apuntó Saponara. Contexto complicado Las críticas surgen en un contexto donde la UCR y el oficialismo se enfrentan por el endeudamiento buscado por el Gobierno provincial, que la oposición intentó frenar con un recurso de amparo en la Suprema Corte de Justicia. Aunque en ese ámbito ahora se ensaya un acercamiento entre las partes. En este escenario, no es la primera vez que los radicales ventilan cifras para demostrar que “los recursos están pero no son aprovechados correctamente”. Anteriormente, en la última emisión del programa televisivo Séptimo Día, el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, habló de “10.000 celadores y 1.260 escuelas, y no creo que haya ni 10 ni 8 ni siquiera 3 celadores por escuela”, destacó la diputada justicialista. Se le preguntó a Salazar cuál fue el último pedido de informes que se hizo desde la comisión que preside a la Dirección General de Escuelas, y respondió: “En febrero, pero iremos a Fiscalía de Estado si es necesario”. A paso lento avanza la Ley de Educación “Cada partido político ya definió sus representantes, ahora falta designar a las autoridades”, detalló la diputada por el FPV Lorena Saponara sobre el estado actual del debate por la Ley Provincial de Educación postergada hace varios años. De esta manera, si en dos semanas se conforma la Bicameral de Educación, siendo optimistas, los legisladores podrían tener sellada la normativa hacia fines de este 2014. La norma mendocina es de 2002 y está desactualizada respecto de los cambios sustanciales que planteó la Ley Nacional de Educación. Principalmente, en el ámbito legislativo no hay acuerdo sobre cómo se financiará y de dónde surgirán los fondos (aporte directo del Presupuesto o porcentaje del PBI, por ejemplo). La propuesta tuvo cinco años de postergaciones, desde su ingreso a la Legislatura hasta el intento fallido de sancionarla en agosto del 2012. El anteproyecto recibió despacho desde la Comisión de Educación, y el 27 de marzo pasó a Hacienda y Presupuesto. Actualmente, su tratamiento quedó supeditado a la ley de administración financiera y la posibilidad de endeudamiento provincial. El dato Promesa oficial. La titular de la Dirección General de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, estuvo en diciembre pasado en la Legislatura, donde prometió recuperar a unos 2.000 docentes que estaban con misiones especiales en distintas reparticiones públicas.
