Por Laura Zuliá[email protected]
El país fue condenado a pagar unos U$S43 millones en concepto de indemnización a inversores nacionales y extranjeros por la estatización de la empresa Obras Sanitarias Mendoza (OSM) en 2010. La condena fue decidida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y el tribunal de justicia del Banco Mundial, tras un extenso litigio entre los inversores que controlaban la concesión y Mendoza.
Francisco García Ibáñez, ministro a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, dijo que ellos ya estaban al tanto de la situación y que será la Nación la que tendrá que decidir si pagar o no, porque el juicio fue perdido por Estado nacional.
“En el caso de que la Nación decida hacerlo después se verá cómo será el arreglo con la Provincia. Pueden haber distintos caminos, quizás el Estado en ese momento atraviese un buen momento económico y le condone la deuda a Mendoza o nosotros podemos ofrecer algún arreglo”, dijo el funcionario.
Agregó que no es el primer juicio que la Argentina tiene y pierde contra el CIADI y que siempre han mantenido una misma política en este sentido: no pagar. “Si no se ejecuta la sentencia, pueden pasar años”, sostuvo García Ibáñez. Añadió que ellos ya estaban informados de esta resolución desde hace dos meses, cuando se conoció cuál era el monto que se debía pagar.
El tribunal arbitral resolvió “condenar a la República Argentina por U$S39.990.111 de dólares a favor de Saur International”, además de las costas (unos U$S686.500) y gastos de defensa de la demandante (casi 1,5 millón de euros).
La condena es en carácter de compensación por daños generados a través de la “violación de dos estándares del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre Argentina y Francia (APPRI)”, dice el fallo. Agrega que la expropiación de la inversión estuvo marcada por un “trato injusto e inequitativo hacia las inversiones de Saur”, aunque descartó el tercer argumento de los litigantes, que consistía en la violación de la “protección y seguridad”.
Ante la perspectiva de sentencia desfavorable, la Procuraduría del Tesoro de la Nación apeló el monto a pagar, que equivale a desembolsar casi un tercio de la demanda inicial presentada en setiembre de 2004, igual a unos U$S144 millones.
Pero el tribunal consideró una “expropiación directa” de una inversión equivalente al 32,08% del capital social de la empresa, más dividendos y derechos como operador, además de la participación accionaria de Saur en la empresa, equivalente a unos U$S20,6 millones. El 27 de setiembre de 2010 Celso Jaque rescindió el contrato de la empresa.
►43 millones de pesos aproximadamente es lo que la Nación deberá pagar a la firma Saur Internacional tras la expropiación que realizó Mendoza en 2010.
►¿Por qué no fue condenada la provincia? La sentencia recae sobre el Estado nacional porque es el asociado al Banco Mundial y oficia de agente jurídico que debe responder ante un litigio que afecte a alguna de las provincias.
