La idea de castigar a los padres que no cumplan con los deberes con sus hijos no cayó bien en Desarrollo

El proyecto del radicalismo presentado esta semana en el Congreso de la Nación está firmado por el diputado Julio Cobos, Luis Petri, Patricias Giménez y Enrique Vaquié y pretende imponer sanciones a la falta de cuidado y contención de los hijos con medidas punitivas como prisión (de tres meses a seis años), o una multa económica (entre $1.000 y $15.000) o una inhabilitación especial según corresponda a la gravedad del caso de abandono.

Juan Manuel González, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, explicó que “desde el punto de vista del dogma jurídico, el proyecto está mal planteado porque no garantiza el derecho constitucional de igualdad ante la ley. Si una persona que trabaja muchas horas y por eso no puede cuidar a sus hijos debe comprobarlo, como hace quien cartonea o trabaja en negro o simplemente no trabaja”.

Y añadió: “A todas luces este proyecto de ley terminaría perjudicando a los sectores más vulnerables, porque los padres de mayores recursos seguramente no recibirán sanciones, es mucho más probable que penalicen al de menores recursos, criminalizando así a la pobreza”.

Otro aspecto criticado por González, quien defendió en todo momento las políticas públicas para ayudar a fortalecer los lazos familiares, es la aplicación práctica de esta iniciativa. “Si se comprobara que el padre es un padre abandónico, que realmente no se ocupa de sus hijos, lo enviamos a la cárcel. Al Estado mantener un preso le cuesta entre $6.000 y $10.000 mensuales y con ese dinero el Estado podría hacer algo para terminar con el problema de falta de cuidado de los chicos, como talleres para padres o talleres de oficio para padres e hijos”.

Al mismo tiempo el funcionario planteó: “Una vez que los padres son encarcelados, qué hacemos con ese chico. Terminará seguramente en algún hogar de la DINAF, en alguna familia sustituta o en un pariente cercano, es decir volvemos al viejo esquema de patronato, donde un juez debe decidir el destino de un chico. Sin duda que hay que trabajar en el fortalecimiento de la familia, en la responsabilidad de los padres, pero no es una solución convertir un problema social en uno penal. Este proyecto no es otra cosa que demagogia punitiva, algo que ya ha hecho otras veces el mismo diputado Luis Petri”.

Rechazo del ámbito judicial

En la primera circunscripción de la Justicia de familia la sola presentación del proyecto les suena a medida inútil. Su titular, el juez Carlos Neirotti, explica los motivos. “Dentro de la Constitución nacional está incorporada la Convención de los Derechos de los Niños. También ha sido sancionada la Ley de Protección de Derechos de los Menores, la famosa 26.061, donde se estable en lugar de un Estado castigador, un Estado que acompañe al niño frente a la vulneración de sus derechos, porque acá el bien más preciado a cuidar son esos derechos. Si un chco está desnutrido o es adicto a las drogas hay áreas del Estado donde puede ser ayudado. Es decir, este proyecto de ley pierde de vista el derecho del chico y sólo quiere castigar a los padres. Es más útil trabajar en la revinculación familiar que enviar a la cárcel a un papá y a una mamá. Además, con la superpoblación carcelaria no podemos saturar más el régimen penal. Es decir, es inútil, satura el sistema carcelario y no ayuda a resolver el problema de fondo, que es restablecer los derechos de los chicos”, indicó Neirotti.

De todos modos, el magistrado opinó que en algunos casos muy particulares es posible pensar en una sanción a los padres, pero de ningún modo debería ser penal, “tal vez económica o de otra forma, pero no con cárcel”,  remarcó.

La propuesta de la UCR

El proyecto de ley de los diputados radicales propone que los padres reciban penas por no ocuparse debidamente de sus hijos. En el texto ingresado al Congreso de la Nación dice: “Será incorporado como artículo 108 bis del Código Penal lo siguiente: Será reprimido con prisión de 3 meses a seis años, o multa de mil a quince mil pesos e inhabilitación especial de uno a diez años el que omitiere el cumplimiento de sus deberes inherentes a la patria potestad, poniendo en peligro la seguridad, salud psicofísica o moralidad del menor, y su conducta ocasionase un daño a la vida, salud o bienes de terceros”.

Según el diputado Luis Petri, “se busca que los padres cumplan con sus obligaciones de asistencia y contención de los chicos, y si no es por el amor a sus hijos al menos que sea por el temor a ser sancionados”.