Por Cecilia [email protected]
La familia materna de Luciana Rodríguez (3) quiere la guarda de sus hermanitas, una beba de 18 meses y otra de 6 meses, que permanecen internadas en el hospital Humberto Notti. Por eso, ayer, la abogada de Claudia Rivas (45), abuela de las menores, expresó la voluntad de esta de manifestar ante escribano público que no hará uso de sus derechos civiles para exigir al Estado un resarcimiento económico, evitando así que “se especule con algún interés monetario por parte de ellos”. En este mismo sentido y para allanar el terreno con el objetivo de obtener la custodia de las pequeñas –según lo que aportó la letrada–, tampoco se constituirán como querellantes en la investigación que sigue la fiscal de Delitos Complejos, Claudia Ríos, sobre los funcionarios públicos que han sido cuestionados por su accionar en el caso.
La abogada que representa a la familia, Graciela Cola –socia de Alfredo Mellado–, se presentó ayer cuando Jorge Gabriel Orellano Carrizo (36), imputado por el homicidio de Luciana, fue a declarar a la Unidad Fiscal de Instrucción Nº1, en el Poder Judicial.
Pese a que había expresado su voluntad de hacerlo, Orellano se abstuvo y sólo indicó su deseo de contar con abogados privados que lo defendieran. Mencionó frente a la fiscal Daniela Chaler a “Pablo Salinas y a Alfredo Guevara”, del movimiento de derechos humanos, aunque estos no respondieron formalmente esa designación. Guevara no litiga en Mendoza y no tiene matrícula por ser parte de la defensoría pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que Salinas se encontraba viajando desde Chile, por lo que no confirmó que esté al frente de la defensa de Orellano.
Resguardan a los detenidosA media mañana, el Coco, como era conocido el acusado en su entorno, llegó desde Boulogne Sur Mer con una guardia policial y tampoco emitió opiniones ante la prensa. Hasta que se defina si será patrocinado por un particular, su defensa, como la de su pareja Evelyn Rodríguez (24) –madre de Luciana–, estará a cargo de la defensora oficial de pobres y ausentes de turno, Silvina González, quien comunicó que pidió el resguardo de la integridad de los detenidos. Al parecer, Orellano fue golpeado dentro del penal, pese a que cuando se mostró en el Palacio Judicial no presentaba huellas visibles de esa violencia. Respecto de Evelyn nada se supo más que el video que circula y evidencia agresiones verbales cuando la mujer llegó a la alcaldía de El Borbollón, donde está detenida.
“Queremos que nos dejen cuidarlas”La realidad indica que en el hospital Humberto Notti las dos hermanas menores de Luciana no pueden permanecer mucho más. En general, los sistemas de internación tienen allí capacidad para que permanezcan un par de semanas, cuando están sanas y su vida no corre peligro. Según sucedió en hechos similares, mientras se decide si corresponde la institucionalización o la restitución a la familia, los niños y niñas son llevados a CONIN. Aunque sobre esto no hay en este caso nada confirmado.
Por eso, la estrategia de la querella apunta a aportar pruebas y allanar el camino para que la abuela pueda finalmente cuidar a sus nietas, las que, a diferencia de Luciana, son hijas de Orellano.
El adelanto de la necropsia –dijo Cola– no aportó otra información más que las causas de la muerte por un traumatismo encefalocraneano, moretones en todo el cuerpo y una hemorragia intestinal. “No hay señales de abuso”, señaló la abogada Graciela Cola.
Este diario se comunicó con la familia y se limitaron a expresar: “Queremos que nos dejen cuidar a las hermanas de Luciana y que los funcionarios no intenten más tapar el sol con la mano”.
