El proyecto para declarar la emergencia en seguridad tiene preferencia para ser tratado el miércoles próximo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el frente Cambia Mendoza (CM) está en problemas para conseguir los 32 votos que necesita para que siga su curso en el Senado.
Si bien dentro del bloque del FPV no existe una postura definida, según confirmó su presidenta, la sureña Silvia Ramos, es cierto que hay mucha resistencia a darle el visto bueno. Los peronistas más críticos aseguran que dar más endeudamiento sin un plan con estrategias bien definidas para mitigar la inseguridad no sirve.
Sin embargo, el oficialismo tiene un as bajo la manga: el diálogo con los intendentes. La foto que se tomó Alfredo Cornejo con los jefes comunales el miércoles pasado habla por sí misma.
Por esto es que la voz del presidente de la bancada de Cambiemos, César Biffi, no suena demasiado preocupada. "Confiamos en que vamos a llegar a un acuerdo, estamos abiertos a hacerle cambios, pero no podemos demorar el tratamiento de un tema tan delicado", sostuvo.
La táctica de CM es permitirle al FPV hacer cambios en el proyecto, pero sin negociar la necesidad de endeudamiento por $1.900 millones.
Además de la argumentación de Biffi acerca del endeudamiento, "el financiamiento de las compras de seguridad lo harán los mismos proveedores; es una buena oportunidad porque para el Ejecutivo es muy difícil conseguir crédito en el mercado".
Modificaciones
Silvia Ramos puntualizó las modificaciones que aceptaría introducir el oficialismo.
La primera es en cuanto al artículo tres, que le otorga al Ejecutivo la posibilidad de realizar cambios de funciones, reorganización de las fuerzas de seguridad, supresión de algunas funciones de personal policial y carcelario. "Creemos que para modificar una ley de fondo hace falta otra ley, no puede ser introducida en un inciso de otro proyecto", señaló la diputada Ramos.
Además plantean que el texto determine la duración de la norma.
Por otra parte, quieren un detalle de las acciones para disminuir la inseguridad y del cual surgen las compras que el ministro de Seguridad, Gianni Venier, ha determinado como necesarias.
Otro punto de desacuerdo es el de la construcción de nuevas cárceles. El peronismo quiere que se realice por licitación, aspecto que, tal y como lo dijo César Biffi, el oficialismo aceptará. Justamente el mayor pedido de endeudamiento es para concretar este objetivo: $1.200 millones.
Finalmente, los integrantes del FPV buscan que se involucre al Poder Judicial en la lucha contra la inseguridad.
Votos faltantes
Técnicamente, a CM le faltan siete votos para concretar la media sanción de la ley de emergencia en seguridad. Tiene 25 y precisa 32. El punto es que difícilmente el peronismo vote partido, a menos que se rompa el bloque y el espíritu no es ese hasta el momento. Habrá que ver qué tan fuerte es la influencia de los intendentes.
