Con 46 años, Patricia Quiroga llevaba hasta fines de 2013 una vida normal, trabajando como preceptora en dos escuelas de San Martín, cargos que ocupaba en calidad de suplente.
Sin embargo, la salud le jugó una muy mala pasada: un cáncer de mamas se le declaró a fin de año y el 5 de diciembre debió ser operada. El riguroso posoperatorio continuó con un tratamiento de quimioterapia para eliminar cualquier riesgo. Evidentemente dejó de ir a trabajar, postrada por una enfermedad que en muchos casos suele ser terminal y que impide sobrellevarla con las obligaciones laborales. Esto no fue impedimento para que finalmente la Dirección General de Escuelas (DGE) le quitara los dos cargos que ejercía y la mujer quedara sin empleo, sin salario y, como consecuencia, sin cobertura de su obra social, la OSEP. Por esa razón, Quiroga presentó un recurso de amparo a la Justicia civil mendocina en reclamo de la preservación de los cargos que ocupaba, la inmediata reincorporación en cuanto esté en condiciones de volver y la restitución de la obra social para afrontar su enfermedad. Denuncia penal Alejandro Giménez, abogado civilista y patrocinador de la preceptora Quiroga, dijo a Diario UNO que “la decisión de la DGE se basó en lo que dice el Estatuto Docente, el cual establece que los cargos suplentes en caso de ausencia se reservan sin goce de haberes y hasta por 30 días. Como Quiroga estuvo de licencia más de 30 días, no sólo no cobró sino que la dejaron sin sus cargos”. El letrado remarcó entonces que “esta disposición del estatuto es inconstitucional porque viola derechos reconocidos en tratados internacionales a los que adhiere la Constitución nacional del 94”. Agregó además que “tenemos un precedente favorable en la Justicia con el caso de una docente que debió ser reincorporada por una situación similar”. También anticipó que “la semana que viene vamos a presentar una denuncia penal por abandono de persona” aunque no aclaró contra qué funcionario de la DGE será.
