Rosana Villegasvillegas. rosana@diariouno.net.ar
Al abogado Enrique Roig le encargaron que redactara el anteproyecto de una ley orgánica que remplace a la actual, que es de 1910.
La Corte quiere aggiornar el funcionamiento de la Justicia
Buscando renovar una Ley Orgánica de Tribunales que data de 1910, la Suprema Corte de Justicia de la provincia evalúa por éstos días un anteproyecto de ley que responda a la realidad actual del Poder Judicial. De hecho, el presidente de los supremos, Pedro Llorente, ya envió el texto original a distintos órganos de gobierno y entidades afines, entre ellos el gobernador, la Legislatura y los gremios, con el fin de aceptar modificaciones con la vista puesta en que pueda convertirse en la próxima ley orgánica.
“Cuando se realizó la ley anterior no existían fueros como el de familia o el laboral, y por tanto fue quedando obsoleta. Este anteproyecto busca ser una ley estructural que se ocupe de todas las funciones del Poder Judicial y que se pueda actualizar cada año”, comienza diciendo el autor del anteproyecto, el abogado Enrique Roig, quien fuera secretario judicial de la Suprema Corte y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, y quien elaboró el documento justamente a pedido de la misma Suprema Corte.
Sin la intención de invadir la frontera del derecho procesal “lo procedimental”, que es materia exclusiva de los códigos procesales, ni tampoco el poder constitucional de la Suprema Corte de Justicia, este proyecto busca ser una actualizada propuesta que tienda a darle a la gestión judicial mayor capacidad operativa y de adecuación a las necesidades actuales.
Entre otros tantas innovaciones prevé que la Suprema Corte pueda, con intervención del Ministerio Público (que coordina las Fiscalías de Instrucción que funcionan hoy en el Gran Mendoza y la zona Este) la inclusión de nuevos órganos de protección de derechos fundamentales. “Un ejemplo de esto es lo que prevé la Ley 26.485 para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer que crea la Oficina de Asistencia Jurídica de Violencia contra Mujeres (Ofavmu) que actualmente funciona en el Gran Mendoza. En este proyecto se prevé que se dé cabida orgánica a cualquier otro órgano que pueda proteger otros derechos como podrían ser los derechos del niño, relativos al medio ambiente o a comunidades originarias”, puntualizó Roig.
También abre la puerta a la posibilidad de incluir el juicio por jurados previsto en la Constitución nacional, y que actualmente se implementan en Córdoba, Neuquén y Buenos Aires, con la premisa de darle “ubicación sistemática” por si en un futuro se decide implementarlo.
Ética de juecesSin pretender una tabla de faltas, este anteproyecto de ley estipula un decálogo de virtudes necesarias a la función del juez. Sólo por nombrar algunas cualidades que se da por sentado debe tener todo magistrado, se detallan la diligencia, la imparcialidad y la probidad. En este último requerimiento se estipula que un juez no debe pretender, esperar ni recibir más compensación por su función que su remuneración legal, y avanza: “No puede recibir presentes ni beneficios de ninguna clase por parte de litigantes o sus representantes, y se debe prevenir o evitar que acepten tales presentes las personas que por sus vínculos familiares, afectivos o de otra naturaleza con el juez, pueda interpretarse que tienen la intención de estar dirigidos a congraciar o retribuir el desempeño del juez”.
Aquí también se establece que respecto de la responsabilidad ética, toda persona podrá denunciar a un juez de la provincia por infracción a las normas del Código de Ética. Deberá hacerlo por escrito, con el patrocinio de un abogado y ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia.