Por Laura Zuliá[email protected]
El freno al endeudamiento, el conflicto político y el debate mediático generado entre el oficialismo y el principal partido opositor, el radicalismo, parece haber tenido eco en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que ayer por la tarde llamó a ambas partes a sentarse una vez más para discutir el tema y tratar de llegar a un acercamiento.
La cita fue convocada por el presidente del máximo tribunal, Pedro Llorente, para hoy a las 11, en el cuarto piso del Palacio Judicial. A horas de entrar en la feria, que comienza mañana, y tras una nueva embestida del gobernador, la Justicia busca abrir el camino del diálogo que los políticos parecen haber cerrado. Es una nueva audiencia para lograr un acercamiento entre el radicalismo y el Gobierno que, en los últimos días han extremado sus posiciones. Esta nueva reunión, convocada por Llorente, se da a una semana de que se conociera que la Sala I del máximo tribunal había dado lugar a la cautelar presentada por la UCR, lo que puso freno a las intenciones de Paco Pérez de endeudarse. Los supremos Alejandro Pérez Hualde y Jorge Nanclares hicieron lugar al pedido de inconstitucionalidad de la ley de reconducción presupuestaria que presentó el Gobierno para seguir adelante sin tener aprobado el Presupuesto, específicamente en lo que concierne al endeudamiento. El gobernador calificó el fallo como un “cuasi golpe institucional” que no le permite gobernar. El conflicto, que tuvo su punto álgido hace ocho días, comenzó en diciembre de 2013, cuando se presentó la Ley de Presupuesto. Los radicales dijeron que la aprobarían, pero sin endeudamiento alguno. El Gobierno había pedido que se le autorizara un financiamiento por $1.700 millones y como no se aprobó, continuaron ejecutando la misma pauta de gastos del 2013, como lo fija la Constitución mendocina. Frente a este panorama, el radicalismo también esgrimió la Constitución, en la parte que dice que la toma de deudas debe aprobarse con el voto favorable de los dos tercios de los legisladores. La UCR llevó el conflicto a la Corte y le hizo dos pedidos: que defina si endeudarse es constitucional y, hasta que esto se resuelva, que impida a la Provincia contraer cualquier tipo de financiamiento. Así, el tribunal de Justicia realizó más de una audiencia para que las partes acordaran. Pero las buenas intenciones quedaron en eso. Los intendentes, también a la Justicia Entre una de las conclusiones que leyó el gobernador Francisco Pérez ayer en el cónclave justicialista que se realizó en Vistalba, habló en nombre de los intendentes de su partido. Dijo que ante un posible perjuicio grave hacia la obra de infraestructura municipal las doce comunas justicialistas pedirán hoy una audiencia presidente de la Suprema Corte “para manifestar el riesgo de daño que se puede ocasionar si sigue vigente el fallo de la sala primera, tal como está interpretado y determinado, afectando también los programas de infraestructura municipal”.
