Por Javier [email protected]
Ricardo Luconi (66) es jubilado, ex trabajador petrolero, tiene esposa, hijos y nietos y padece una incontinencia urinaria severa que complica el normal desarrollo de su vida. Desde julio de 2013 batalla contra el PAMI para que se le reconozca la cobertura de una prótesis que recetó su médico de cabecera para tratar su afección.Según Ricardo, su vida se transformó en un caos ya que debe usar pañales hasta que se realice la operación que necesita. Esto le impide mantener del mismo modo sus relaciones sociales y disfrutar de su familia luego de tantos años de trabajo y de aportes al sistema jubilatorio.
Tampoco puede practicar cualquier actividad fuera del hogar ni realizar alguna changa para aportar a la economía doméstica. Su mayor angustia es que en reiteradas ocasiones, su historia personal se ha visto atravesada por piedras que el Estado ha colocado en el camino. Le puso el pecho a la privatización de YPF, al corralito financiero y ahora a la burocracia del PAMI.“El médico detectó que necesito la prótesis el 15 de julio de 2013. Desde ese día me presenté en la delegación de PAMI Mendoza con todos los papeles para que ingresen mi pedido en el proceso interno”, explica Luconi, quien tras varios meses esperando una respuesta a su necesidad de paciente debió contratar abogados para que intercedan por él.Marcos González Landa y Jorge Caloiro lo representan desde febrero ante la Justicia: “El PAMI desoyó las órdenes dictadas por el juez e incumplió con la asistencia que le corresponde a este paciente”, señalaron. Según Caloiro, la prótesis que necesita Luconi es parte del Programa Médico Obligatorio de cobertura. Por eso, tras agotar todos los canales formales y las vías institucionales de reclamo se vieron en la obligación y con el derecho de efectuar una cautelar para hacer valer el derecho a la salud del paciente. “Interpusimos un amparo el 11 de abril de 2014 y fue resuelto de manera favorable a Luconi”, apunta. Sin embargo, la medida, que fue notificada de oficio al PAMI y después de la cual se establece un plazo de 72 horas para que se haga efectiva, no tuvo respuesta de la obra social. La prótesis que espera Luconi es un esfínter urinario artificial que en Mendoza cuesta $125.000 y que luego de casi un año de haber sido prescripta no le ha sido entregada.“Frente a esto volvimos a hacer una presentación en el juzgado en la cual solicitamos que se apliquen multas ($150) por día de incumplimiento, además hemos iniciado una compulsa penal por desobediencia de una orden judicial y vamos a hacer una presentación en la fiscalía por abandono de persona contra el titular del PAMI Mendoza, que es el responsable”, apuntó Caloiro.
La respuesta oficial“El PAMI como es una obra social que tiene una organización interna propia, con legislaciones y resoluciones distintas a las de una prepaga, establece que determinados tipos de prótesis deben ser solicitados a través de presentación de licitaciones: no puede hacerse una contratación directa”, señaló Marcelo Álvarez, titular del PAMI, para justificar la dilación en la cobertura de Luconi.
“Lo que se hace en cada caso es una licitación a través de una empresa que provee para todo el país. Tuvimos durante los últimos meses problemas con los precios de los productos. En general, las coberturas de problemas agudos se consiguen. En el caso puntual de Luconi es un paciente que tiene un problema crónico, no es una urgencia desde el punto de vista médico, aunque se entiende su enojo”, especificó.“Hubo dos licitaciones de su prótesis pero ambas se cayeron porque su médico de cabecera pedía una marca especial que era importada. En el primer llamado no se presentó nadie, en el segundo se presentó una empresa con un producto con un valor de $174 mil, que el PAMI compró pero que el paciente rechazó por no ser de la marca que le pedía su médico”, agrega.“Tenemos la prótesis desde el 22 de abril y la que conseguimos es mejor: además, va a venir un técnico desde Buenos Aires para asesorar al médico sobre cómo colocarla”, indicó Álvarez. El mandatario de PAMI además señaló que están al tanto de las presentaciones judiciales y peleando para que el médico acepte la propuesta de la obra social de los jubilados y pensionados.