La iniciativa es del justicialismo pero los otros partidos darían la discusión aunque con reticencia a aprobar los cambios que buscan flexibilizar limitaciones. Expectativas.
Hay predisposición a debatir modificaciones a la ley antiminería
Si bien muchos de los legisladores consultados dijeron estar en contra de cualquier modificación a la ley 7.722 que implique contaminación del agua, todos aseguraron que hay que discutirla. Se avecina un inminente debate.
Los cambios pedidos por legisladores justicialistas del Sur a la 7.722, que prohíbe la exploración y explotación de minería metalífera, protegiendo en forma integral los recursos hídricos de Mendoza, se han convertido en un tema muy polémico en Legislatura. Desde principios de junio, cuando el legislador malargüino José Muñoz presentó el proyecto para modificarla, el expediente 66.493, firmado por él y otros dos legisladores peronistas de San Rafael (Silvia Ramos y Raúl Guerra) está en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y nadie se anima a impulsar su tratamiento. Sin embargo, hay una parte del justicialismo que quiere que se discuta y tarde o temprano instalarán el tema en la Casa de las Leyes. Otra parte –la más oficialista– prefiere esquivar el asunto, al menos por ahora. Desde los demás partidos la tendencia es a no negarse al debate. La venta del proyecto minero San Jorge, ubicado en Uspallata, a capitales rusos por parte de la canadiense Coro Minning, y la decisión de los nuevos dueños de reactivar la iniciativa son motivos por los que la minería será un tema de la agenda parlamentaria en la segunda mitad de año. A debatir Lo que pretende el proyecto de Muñoz es cambiar el enfoque general de la ley. Este se resume en los artículos 1º, 3º, 4º y 5º. Desde Malargüe –con el aval del intendente Juan Antonio Agulles– buscan acotar la prohibición del uso de las sustancias contaminantes cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Proponen que las limitaciones para su uso no sean para toda la provincia, sino sólo en los cursos de agua y en 10 kilómetros a la redonda de cualquier pueblo o ciudad. También pretenden que las comunas recuperen la autonomía en cuanto a la aprobación de las etapas de cada proyecto y no, como sucede ahora, que todo pasa por la Legislatura. En la oposición hay una cierta negativa a aceptar los cambios, pero no a discutir. El presidente de la Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria de la Cámara Baja, Néstor Guizzardi (UCR), advirtió de que desde su partido están dispuestos a dar el debate. El radical aseguró que la modificación es inaplicable, pero explicó que esta es más una idea propia que del partido. El legislador es oriundo de San Rafael, del distrito Real del Padre, un pueblo agrodependiente. “Nosotros no nos oponemos a la explotación minera. Lo que pasa es que fallan demasiado los controles”, sostuvo el diputado. Y agregó que si se quiere cambiar o ampliar la matriz productiva de la provincia, primero se deben afianzar las industrias que ya existen, como sucede con las agrarias. También opinó Rómulo Leonardi, presidente del bloque demócrata. Dijo que si bien el partido está en contra de cualquier legislación que pueda dejar afuera el cuidado de los recursos hídricos, no se opondrá a la discusión. Silvia Ramos, diputada peronista de San Rafael y presidenta del bloque, aseguró que si bien no es un tema que tratarán en lo inmediato, sí existe un impulso para sacar el proyecto de Muñoz del letargo. “En esta segunda mitad del año, estoy segura de que instalaremos el debate”, manifestó. Tras las huellas de San Jorge San Jorge, el proyecto de minería metalífera a cielo abierto que aparentemente murió en la campaña electoral del 2011, cuando el actual gobernador le bajó el pulgar, parece no estar tan muerto. Es más: está a punto de resucitar en manos de empresarios rusos. Las empresas Aterra Capital y Solway Investment controlan el mayor porcentaje de San Jorge y proponen una alternativa para su desarrollo. La propuesta es que mientras la explotación se realice en la cuenca de la estancia Yalguaraz, el procesamiento de los minerales se realice en San Juan, en donde no hay prohibición para la utilización de químicos que contaminan el agua. Ramos opina que el debate por la minería deberá darse en la Casa de las Leyes. Esto porque San Jorge tenía pedida una ampliación de la declaración de impacto ambiental (DIA) que nunca llegó a aprobarse, justamente por la decisión electoral de Pérez. Sin la DIA ningún proyecto minero es viable. Ahora vuelve con vigor, de la mano de algunos peronistas no sólo de la Legislatura local. Es que el diputado nacional Alejandro Abraham (PJ) se ha mostrado por estos días muy interesado en posicionar el tema. En la Justicia La Corte debe expedirse. La 7.722 tiene varios pedidos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia. Los ministros del máximo tribunal no se han expedido aún, pero su palabra es decisiva para definir el futuro de la explotación minera en la provincia.
