Mendoza Lunes, 23 de julio de 2018

Habrá tolerancia cero al abuso, maltrato y abandono infantil

El OAL dejará de ocuparse de todas las situaciones y derivará los casos a la DGE, a Salud y a los municipios. También intervendrá Seguridad en las denuncias al 102

La sanción de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes nacional (26.061), que data de setiembre de 2005, buscó restituir los derechos vulnerados y uno de ellos era el de mantener a los chicos en su ámbito familiar y social. En ese contexto, la intención era evitar la judicialización y que el Estado se hiciese cargo de tomar las medidas necesarias, intentando que no fueran internados en un hogar sustituto. Entonces se creó el Órgano Administrativo Local (OAL) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social -hoy subsecretaría-. Este tenía como función recibir los casos de niños con derechos vulnerados para compensarlos. Sólo para tomar medidas judiciales se daba aviso a los tribunales de familia.

Sin embargo, nunca hubo un protocolo detallado de actuación, y el OAL no fue el eje sino todo el sistema de protección de derechos. Se volvió "un monstruo burocrático", dicen, cuyas equivocaciones se convirtieron muchas veces en niños abusados, maltratados y muertos.

En definitiva, el sistema así no funciona. Por ello, la actual gestión decidió meterse con este tema: este es uno de los puntos fuertes del Régimen Jurídico de las Personas menores de Edad, en el que se hace especial hincapié en los cambios en el OAL. Diario UNO dialogó con Daniela Torres, la directora de Protección de Derechos de la Subsecretaría de Desarrollo Social, quien explicó en qué se basarán estos cambios. El objetivo es la tolerancia cero al maltrato, abandono, abuso y negligencia para con los niños, y el seguimiento de los casos. Responsabilidad que se diluyenQue las reparticiones públicas se "pasan la pelota" cuando les cae como una bomba un caso de menores vulnerados en los que el Estado debía intervenir y esta intervención fue mal ejecutada no es novedad. Sin embargo, todas estas circunstancias van a desembocar, indefectiblemente, en el OAL, por ser "la mesa de entrada y de salida" de los conflictos con niños. Es decir, el sector público que recibe el caso y debe resolver, y si la resolución es mala, debe hacerse cargo de las consecuencias.

Para Daniela Torres, el problema es que "ha habido un vacío legal por mucho tiempo, ningún gobierno determinó las responsabilidades de cada organismo del Estado para con los menores en riesgo. En cuanto a esta repartición, el objetivo del proyecto que ingresó a la Legislatura es que se sepa cuál es la incumbencia de Salud, Desarrollo, la DGE, y los municipios y cuál específicamente será la de los ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios, como se llamará el OAL). Esto es porque hoy deben dedicarse a una gama de situaciones realmente inasibles: desde un niño que no va a la escuela hasta un abuso sexual o una situación de violencia extrema. Esto hace imposible que se sigan de cerca todos los conflictos.

Tres casos emblemáticos

Hay tres casos en los que ha quedado plasmado el mal funcionamiento del OAL en la provincia.

Luciana Rodríguez (3)En enero del 2014, Luciana Rodríguez fue ingresada sin vida a la clínica Santa María, en la Cuarta Sección de Ciudad. La niña había sido golpeada hasta la muerte. Los culpables fueron su padrastro, Jorge Orellano, y su madre biológica, Evelin Rodríguez.

El caso reveló el inaccionar de funcionarios del OAL, policías y autoridades judiciales ya que la pareja tenía antecedentes de maltratos y habían sido denunciados por distintas personas. Esto quedó en evidencia tras la muerte de Luciana y sobre todo en el juicio que condenó a los acusados, ya que los declarantes pusieron en duda el accionar de policías de la Comisaría Tercera, operadores del 911, personal judicial de la Oficina Fiscal 1, de Preventores de Ciudad y de la Unidad Especial de Patrullaje de Capital. Incluso se elevó una compulsa para investigarlos. Caterina Cardoso (3)A fines de noviembre de 2017, la hija mayor de Cintia Cardoso, Sheila (9), fue internada en el hospital Notti con signos de maltrato grave. La hija menor, Caterina (3), quedó en manos de su madre y del padrastro, Jorge Brizuela, cuando la mayor fue internada. El OAL fue notificado por el Programa Provincial de Maltrato Infantil sobre el riesgo que podía correr la niña que aún estaba con su madre.

Como el OAL está a cargo de la restitución de derechos vulnerados de los niños, pero no de la parte judicial, se limitaron a "seguir el protocolo", que consistió en dar aviso a la Justicia para averiguar el paradero de Cintia y Catherina. No las pudieron ubicar, hasta que la mujer llevó a su hija pequeña muerta a la guardia del Lagomaggiore.

Con respecto a la niña mayor, que aún sigue internada, la funcionaria explicó que la van a ingresar a un hogar de la DINAF, porque "hay indicadores de que hay que seguir trabajando", refiriéndose al entorno de la abuela materna.Niños salvados de un incendioEl 12 de julio pasado, una nena de 5 años y un varón de 2 años fueron dejados solos en una vivienda de Las Heras. De pronto se produjo un cortocircuito en la instalación del lavarropas y la casa se prendió fuego. La mayor de los hermanitos fue a avisar a un vecino y los pudieron rescatar, pero podrían haber muerto de no ser por la habilidad de la niña. El OAL había intervenido en el caso de abandono de los dos pequeños en el 2016, cuando la familia de la madre denunció que ella los dejaba solos. Según Daniela Torres, la funcionaria a cargo, la situación mejoró por eso dieron por terminada la intervención. La tía materna quiso hacerse cargo de los niños, pero su hermana se lo impidió llegando a ponerle una restricción de acercamiento a ella y a los menores.

El caso pudo terminar en tragedia. Empleados del OAL de Las Heras contaron, sin brindar su identidad, que deben trabajar con cientos de expedientes, de distinta índole, sin poder darle real seguimiento a ninguno. Además, no tienen recursos suficientes, faltan profesionales, movilidad y hasta internet. Según contó un trabajador del OAL Capital, en el verano estuvieron meses sin tener acceso a internet, y debían utilizar sus propios teléfonos móviles para seguir los casos.