Los gremios de trabajadores estatales de Mendoza rechazaron la decisión del Poder Ejecutivo que obliga a estos agentes a presentar un certificado de libre de deuda que demuestre que tienen los impuestos provinciales al día.
Ese requisito será obligatorio para que los estatales puedan seguir percibiendo los adicionales y para no poner en riesgo la renovación de sus contratos. Los sindicatos ya anunciaron que accionarán en la Justicia.
Para enfrentar el decreto firmado por el Gobierno, analizan presentar un recurso de amparo o una denuncia por coerción, aunque recién en la semana tomarán la decisión.
El jueves los empleados estatales se enteraron de que deberán regularizar sus deudas con la Provincia antes del 31 de octubre para no perder la posibilidad de renovar sus contratos y, en el caso de los empleados de planta permanente, para seguir cobrando los adicionales por mayor dedicación.
Como cualquier otro
El secretario de Finanzas de Sitea (Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados), Víctor Dagfal, dijo: "Públicamente decimos que esto es horrible. Primero, porque los trabajadores estatales somos contribuyentes como cualquier persona de la provincia de Mendoza que tiene una propiedad o un vehículo. Segundo se trata de una acción coercitiva, una amenaza".
Lo que Dagfal considera que hubiera sido lo correcto es que la Dirección de Rentas primero, a través de un aviso y luego mediante un apremio fiscal, hubiera actuado contra los contribuyentes que debieran impuestos, "pero ante todos, no solo los estatales".
"Vamos a actuar. Estamos estudiándolo legalmente para ver cuál es el mejor camino, si un recurso de amparo o una denuncia. En el ámbito político hemos salido a denunciarlo y vamos a seguir haciéndolo", aseguró Dagfal.
El motivo por el cual analizan tomar una medida es que desde el sindicato consideran que este decreto excede al Estatuto del Empleado Público.
El mismo, según Dagfal, establece que no hay que tener deudas al momento de ingresar al Estado, pero no dice nada sobre presentar un libre de deuda para no perder los adicionales o renovar el contrato.
Sitea no es el único sindicato que está analizando tomar acciones legales para enfrentar el decreto del Ejecutivo. El resto de los gremios baraja las mismas opciones y han pedido a sus afiliados no tomar medidas al respecto hasta que se decida en conjunto qué hacer.
La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) informó: "Ya se encuentra en estudio una serie de medidas gremiales, judiciales y administrativas a fin de frenar el avasallamiento del Convenio Colectivo de Trabajo, leyes provinciales y la Constitución".
En ese sentido, comunicaron que antes que todo pidieron un informe urgente al Gobierno de Mendoza y esperan por una audiencia respectiva, que instruyeron al departamento de legales para iniciar una serie de recursos y reclamos para frenar el decreto, y aconsejan a los profesionales a que no actúen individualmente.
Por otra parte, desde el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) informaron que por el momento, lo que les informaron los abogados es que a ellos la medida no los afecta en lo que respecta a las escuelas, pero sí al personal administrativo de la DGE.
"Si hay trabajadores afectados por la medida, obviamente iniciaremos acciones porque los vamos a defender", aseguró el secretario general Sebastián Henríquez.
