Gobierno: faltan $166 millones para poder llegar a fin de mes

Este es el nudo del inconveniente que tiene en vilo a la Provincia desde noviembre pasado, el punto por el cual no se aprobó el Presupuesto, y la manzana de la discordia que terminó de explotar la semana pasada, cuando la  Suprema Corte provincial ratificó la prohibición de endeudarse a la gestión de Francisco Pérez.

¿Superávit o déficit?

Para la UCR, la Provincia no tiene problemas financieros sino que, por el contrario, goza de superávit fiscal. Explicaron que, luego de la crisis del dólar sucedida en enero, la recaudación provincial comenzó a incrementarse. Según sus cuentas, en promedio, lo hará 40% más en el 2014 que en el 2013. El Gobierno había proyectado que el crecimiento sería del 26%. El resultado de la recaudación provincial, más las regalías, harán un total de  $1.764 millones de diferencia con respecto del período anterior.

La recaudación nacional (IVA, Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Cheque) también va in crescendo. La oposición estima que la suba anual será del 35%, mientras el Ejecutivo estimó que sería del 24%. El Ejecutivo recibirá $1.256 millones en este concepto más que en el 2013. Entre ambos ingresos, la ganancia sobre el período anterior será de $3.020 millones. A esta cifra hay que sumarle los fondos de la soja. En total, serán unos  $400 millones más.

Según los cálculos radicales, el motivo por el cual no quieren aprobarle endeudamiento al Gobierno es que podrían equilibrar las cuentas y tener superávit. Considerando que con los $3.020 millones que obtendrán por mayor recaudación deben pagar la diferencia por paritarias, que es de $1.790 millones, y la amortización de la deuda pública, de $1.219 millones (para lo que el Ejecutivo pide el endeudamiento), aún les queda un saldo a favor de  $1.233 millones, ya que hay que considerar $1.222 millones por la subejecución de obras. Esto, sin considerar los fondos de la soja, que sólo pueden utilizarse para obra pública.

El Ejecutivo da otros números. Costa mostró que, aún con el incremento de ingresos, el aumento salarial del 30% otorgado a los estatales, elevó el gasto en sueldos a $16.264 millones, más de la mitad de las erogaciones totales corresponden a esta cifra. Además, se incrementó la coparticipación que debe enviarse a los municipios, la que representa el 15% del total del gasto estatal ($4.300 millones). En subsidios el Ejecutivo gastará $2.500  millones, mientras la deuda pública le insumirá $1.800 millones y, entre gastos corrientes y obra pública, se le irán $4.500 millones más. El total del gasto es de $29.526 millones. Mientras, los recursos, considerando  impuestos nacionales y provinciales, se elevan a $27.529 millones. La diferencia hace un saldo negativo de $1.997 millones. De esta cifra, el Ejecutivo pide que se le financien $1.300 millones, correspondientes a deuda vieja. De lo contrario, le queda margen sólo para recortar en obra pública, a la que destinará $1.476 millones, y en la cuenta denominada “gastos disponibles”, cuya cifra es de $3.500 millones, y es con la que el Gobierno tiene margen para hacer gastos en mejoras para la provincia, en salud, educación y seguridad.

Para la UCR, ocultan los números

En cuanto a la obra pública, desde la UCR aseguran que la subejecución es la clave que utiliza el Ejecutivo para “esconder” el dinero. Según planillas oficiales del Ministerio de Hacienda, hasta mayo del 2014 se habían ejecutado efectivamente $187,22 millones en trabajos públicos. Pero el Estado dispone de $1.981,78 millones para destinar a este fin. Con los números en la mano, el radicalismo sostiene que de ninguna manera podrán invertir de aquí a fin de año esa cifra. No sólo por la lenta ejecución del gasto, sino porque “ya es costumbre del gobierno de Pérez no invertir el total del presupuesto votado en obras cuando se termina un período”. Así, en el  2012, se gastó el 45% de lo votado en esta cuenta y en el 2013, el 42%. Según lo proyectado por la UCR, al ritmo devengado hasta mayo, a fin de año el monto total invertido sería de $758,22 millones, es decir que sobrarían $1.222,78 millones.

Sin embargo, el ministro Costa explicó que esos $187 millones invertidos en obra pública en 5 meses, corresponden a las obras de la Administración Central. A esta cuenta hay que agregarle una suma correspondiente al  Instituto Provincial de la Vivienda. Según el funcionario, el monto devengado en trabajos públicos hasta el 30 de junio es de $700 millones: $360 millones correspondientes a la Administración Central y $330 millones que se  destinaron al IPV. Además, Costa manifestó que hay obras en ejecución por un total de $1.100 millones: $750 millones corresponden al Ministerio de Infraestructura, y $350 millones más para construir casas.

Los radicales aseguran que trabajos públicos e IPV tienen cuentas independientes. Pero Costa explicó que estas dos inversiones van juntas.

La calidad del gasto

El Gobierno se protege diciendo que actual gestión es en la que menos se ha endeudado en relación con el total del presupuesto, en un lapso de 18 años. Esta corresponde al 4% sobre la pauta solicitada. En el 1997, se  pidió un endeudamiento que equivalía al 25%, en el 2002 fue del 22%, en el 2006 de 10% y en el 2008 del 13%. Durante la gestión de Pérez ha ido decreciendo, en el 2012 fue del 10%, en el 2013 del 6% y el de este año sería  del 4%, pero no se otorgó.

Sin embargo, los radicales señalan dos inconvenientes. Por un lado, la mala calidad del gasto. Aseguran que mientras el ex gobernador Julio Cobos gastaba más dinero en obra pública que el que efectivamente había sido  presupuestado (en el 2007 el gasto en obra pública fue 40% superior al votado en la pauta) en el 1º período del peronista Celso Jaque, la obra pública cayó: se ejecutó el 50% de lo que habían aprobado los legisladores en el  presupuesto. En el 2009 se gastó el 101% del presupuesto votado en obra pública, en el 2010 sólo el 80%, y en los dos períodos del actual gobernador apenas el 45%, como ya se dijo.

Otra crítica es acerca de cómo se gasta el dinero. Si bien Costa mostró que quien menos ha incrementado la planta de personal de los últimos cuatro gobernadores ha sido Pérez, (Roberto Iglesias la subió en 7%, Cobos en  29%, Jaque en 16% y Pérez en 2%), el gasto en personal es 15% mayor que en el período de Cobos gobernador. Durante la última gestión radical se invertía el 45% del total de la pauta en sueldos, mientras que en la actual  gestión el gasto en personal representa el 55% del total del presupuesto. Esto se explica porque desde que se reabrieron las paritarias en 2004, la recomposición salarial ha ido en aumento, ya que los gremios no sólo  consiguen incrementos sino blanqueo de los ítems que se venían pagando en negro.

Por otro lado, el problema es que hoy no conviene tomar ningún tipo de crédito, por los costos del mercado, advirtieron los miembros de la oposición.

Una semana difícil para el gobierno de Paco Pérez

Prohibido tomar crédito. Desde el lunes, la gestión de Francisco Pérez trata de recuperarse de un duro golpe: la Corte le dio lugar al pedido de la UCR y le prohibió al Ejecutivo endeudarse. El paso a paso de una dura semana.

Opina Senador y ex vicegobernador

Juan Carlos Jaliff (UCR)

“Les falta dinero para los sueldos de los punteros” “Estoy muy molesto por las declaraciones del ministro de Hacienda, Marcelo Costa, sobre las implicancias económicas que genera el fallo judicial de la Corte que prohíbe  tomar crédito. Si falta plata es porque el gasto salarial en el gobierno de Pérez ya es superior en 10% al de la última gestión de Julio Cobos frente al Opina Ejecutivo provincial. Se trata de $3.000 millones, en un presupuesto de $30.000 millones, miren si no le sobrarían fondos para hacer obras. Les falta dinero para el sueldo de los punteros. Esto es porque han metido a los punteros y a los militantes de La Cámpora por las ventanas. La planta  de personal no ha crecido para sumar policías, docentes en las escuelas ni médicos en los hospitales”.

Lunes 30 de junio

Luego de que fracasaron las audiencias de conciliación pedidas por la Suprema Corte de Justicia entre la UCR y el oficialismo, el máximo tribunal le dio lugar a la medida cautelar pedida por los radicales. El resultado: el  gobierno de Francisco Pérez no se puede endeudar.

Martes 1 de julio

El Gobierno, a través de su ministro de Hacienda, expone la situación de sus cuentas públicas, y comienzan los primeros efectos colaterales del fallo de la Corte. Quienes salen a protestar por las obras públicas que no se  realizarán son los intendentes.

Miércoles 2 de julio

Mientras la UCR busca el modo de juntar los $2 millones que la Justicia le pide para dejar firme la cautelar, el PJ intenta que la Corte defina en plenario la cuestión de fondo por el endeudamiento. Es que los dos ministros  que firmaron la medida son considerados radicales.

Jueves 3 de julio

El combo de anuncios de obras públicas que se pararán por el fallo de la Corte y por la imposibilidad de otorgarle al Gobierno la herramienta del endeudamiento llega a su punto culminante cuando se sugiere que podría  volver a aumentar el boleto de colectivo.

Viernes 4 de julio

La ola expansiva del fallo de la Corte, continúa. El gobernador Francisco Pérez sale a explicarles a los empresarios por qué no cumplirá con la obra pública y, además, legisladores oficialistas evalúan pedir juicio político para los jueces de la Corte Alejandro Pérez Hualde y Jorge Nanclares.