Antes de armar planes de seguridad con nombres rimbombantes, los políticos, sean del color político que sean, primero tendrían que sentarse a estudiar. Y si no hay tiempo –porque, entre otras cosas, los delincuentes están matando turistas en el parque San Martín, médicos delante de sus hijos cuando se van a un cumpleaños o cuando salen a caminar por el barrio–, pues entonces que convoquen a los que ya lo hicieron.
Que hagan un rastreo y traigan a los expertos para que les digan por dónde arrancar. Que les paguen el dinero que haga falta. Total, con sólo ahorrar en asesores legislativos que arman estúpidos proyectos sobre cómo colocar monolitos en la precordillera, ya tendrían la partida necesaria.
Pero que dejen de inventar parches, ¡por favor! Repase conmigo. En el 2002, cuando la inseguridad comenzaba a ganar la tapa de los diarios y alarmar a la población, gobernaba el radical Roberto Iglesias, quien con bombos y platillos lanzó el Plan Quinquenal, que planteaba las metas que debía cumplir Mendoza para garantizar un mejor abordaje de la problemática. Por esas horas, la provincia flaqueaba en las estadísticas que comparaban cantidad de policías en relación a los habitantes. De ahí la necesidad de sumar más efectivos. También se peleó presupuesto para comprar más automóviles, armas, motos y equipamiento para la Fuerza.
Julio Cobos sucedió a Iglesias y en su plataforma electoral prometió continuar con el proyecto. No sólo no lo consiguió, sino que la epidemia de la inseguridad se instaló en forma definitiva.
En febrero de 2004, acribillaron al joven Gastón Rasjido en el barrio SUPE, de Godoy Cruz. Fue el primer cimbronazo. El Gobierno acuarteló a toda la policía e hizo allanamientos durante 72 horas. En julio, asesinaron a un repartidor en San Rafael. En agosto mataron a un joyero en pleno microcentro. Hubo protesta de los comerciantes. En noviembre cometieron un crimen contra la maestra jardinera Claudia Oroná.
Recién entonces el Ejecutivo aceptó convocar al Consejo de Seguridad, un instrumento en el que participan los 3 poderes del Estado y que sólo se utiliza “cuando circunstancias graves y excepcionales atinentes a la seguridad pública así lo requieran”, según el artículo 8 de la Ley 6.721 de Seguridad Pública. Fue inútil.
Las reuniones se disolvieron por diferencias entre oposición y oficialismo.
En 2005, sobrevino el crimen de Susana Cruz de Rubino, que entre otras derivaciones terminó con Cleto desmayándose en la puerta de su casa durante una movilización.
En 2007, año electoral, se produjo uno de los casos más conmovedores de las últimas décadas: la muerte de Laura Abonassar, una mamá de 42 años, que fue tiroteada para robarle el auto. Sobre su cuerpo agonizando, los delincuentes lanzaron a su pequeño hijo de seis años.
Otra vez apelaron al Consejo de Seguridad.
A fines de ese año, el sillón de San Martín pasó a ocuparlo Celso Jaque (PJ), con su mapa del delito en una mano y su famosa promesa de bajar 30% la inseguridad en 6 meses en la otra.
Nada. Hubo un pedido de disculpas públicas tras semejante mentira y el 10 de enero de 2008 la Legislatura dio sanción definitiva a la ley 7.836 que declaraba la emergencia en seguridad, que tras una ampliación duró hasta agosto de 2009.
La característica principal de esa norma era la posibilidad de comprar de modo directo todo lo que la Policía necesitara para combatir a los delincuentes. A luz de los hechos, me animo a sentenciar que su aplicación fue un fracaso.
El vicegobernador Carlos Ciurca presentaba en Labor Parlamentaria un proyecto para declarar la emergencia en seguridad pública, que postula ítems que oscilan entre que la Justicia local tenga injerencia en el narcotráfico y cerrar algunos circuitos del Parque.
Pronosticar de antemano un fracaso sería irrespetuoso e irresponsable. Sin embargo, la receta me suena tan archiconocida que, al menos, me permito dudar. Me baso en que por estos lados las reacciones espasmódicas nunca dieron buenos frutos.
