Entre 100 y 150 personas concurrieron finalmente ayer, en el centro de la ciudad de Malargüe, a la marcha por la polémica sobre la enseñanza de la educación sexual en las escuelas, que se desató en ese departamento del Sur provincial. Fue un áspero debate en donde se llegó al extremo de que un sacerdote, el padre Jorge Pato Gómez, agitara en un acto público a la ciudadanía alentándola a levantarse en armas contra lo que disponía la ley nacional 26.150. Sin embargo, la manifestación, además de tener una baja convocatoria, fue pacífica y se realizó sin inconvenientes a las 16.30 en el conocido reloj de la ciudad. Este detalle no fue menor, porque la Dirección General de Escuelas (DGE) debió salir el viernes a respaldar a los directores recordando que tienen obligación legal de aplicar la Ley de Educación Sexual Integral, luego de que docentes en el Sur de la provincia (San Rafael, General Alvear y Malargüe) fueran intimidados o víctimas de algún apriete. Allí, los participantes, entre los que se cuentan en su mayoría grupos católicos y evangélicos, dejaron sentado según su propio testimonio que no están en contra de la Ley de Educación Sexual sino de la forma en que se está aplicando.
El giro del que dan cuenta los referentes de la movilización es crucial porque al parecer se distanciaron públicamente de la belicosa postura del padre Pato. Silvia Correa, quien se autodenominó como una de las organizadoras de la movilización de ayer, dio cuenta de ello en diálogo con Diario UNO. "La Ley de Educación Sexual Integral es buena, nosotros no estamos en contra de ella pero acá en Malargüe no se abordó correctamente como manda la norma", afirmó la mujer. Por eso señaló que "hemos pedido formalmente una reunión con el director general de Escuelas, para expresarle lo que pensamos para que la ley se aplique correctamente".La mujer fundamentó su postura a partir de lo que presenció el 30 de junio pasado cuando se dio una clase en Malargüe para 250 alumnos del Nivel Secundario. "Se suponía que era una clase de educación sexual pero al final fue una charla debate, donde sólo los chicos hablaron y después vimos unos videos del canal Encuentro que se referían al disfrute sexual. Creemos que eso no es educación sexual ni es lo que propone la ley. La verdad es que de responsabilidad sexual no se habló nada", criticó Correa. Aquella clase de junio vino a romper la última resistencia en Malargüe, único departamento en donde los establecimientos escolares no estaban enseñando educación sexual como lo ordenaba la ley 26.150. La referente de la marcha cuestionó además la metodología de los profesionales que llevaron adelante la clase realizada el 30 de junio, calificándola de "lamentable".Correa recordó que "lo de las maquetas estuvo muy mal. A una estudiante le hicieron colocar un preservativo en una maqueta y después tuvo que soportar, cuando terminó la clase, que chicos de 14 y 15 años la trataran como que si fuera una experta por lo que había hecho, poniendo en duda su honorabilidad".La referente local insistió en la necesidad de que la "enseñanza esté direccionada a la responsabilidad sexual, tema que hasta acá no se ha tocado".Resaltó que "en Malargüe es altísima la cantidad de embarazos adolescentes, es muy alta la tasa de suicidio adolescente y además es importante el consumo de drogas entre los jóvenes". A pesar de todas las preocupaciones que advirtieron los manifestantes, no consiguieron ayer que la mayor parte de la ciudadanía local acompañara el reclamo. El poco más de centenar de personas que asistió a la marcha quedó muy por debajo de los 28 mil residentes aproximadamente que tiene Malargüe, quienes, casi todos, viven en la ciudad cabecera, la única zona poblada del departamento. No obstante, Silvia Correa se mostró conforme con la convocatoria: "A pesar de la situación climática la gente asistió. Hubo viento fuerte y estaba muy frío". Vecinos de Malargüe que no se identifican con quienes reclaman circunscriben la protesta a grupos religiosos católicos y evangélicos. Incluso, respecto a los católicos que participan, la mayoría son padres de alumnos del colegio diocesano San José, que es privado y depende del Obispado de San Rafael.