Enrique [email protected]
San Martín. La Justicia penal es un embudo. Solo en la zona Este, y considerando únicamente los delitos de carácter grave, se radican por año unas 6.000 denuncias y se elevan a juicio unas 1.600 causas pero reciben sentencia no más de 400. Fuera de estos números quedan los delitos calificados de menores, como hurtos, amenazas y lesiones.
Las estadísticas no reflejan cabalmente la realidad, pero son un indicador de que no puede ignorarse, máxime cuando, como ocurre en estos días, entre la Justicia y la Policía se responsabilizan mutuamente cuando la población reclama medidas más efectivas de prevención y represión del delito.
Se dice que cada vez hay más delitos en la zona, pero las estadísticas reflejan que en realidad la curva no es tan clara y apenas marca una tendencia.
La reforma del Código Procesal Penal en la Tercera Circunscripción se implementó en marzo de 2011 y la Procuración comenzó a tomar registros desde esa fecha.
Para tener un indicador de cuatro años y utilizando el mes de abril como testigo, los números muestran que en ese período de 2011 se produjeron 98 robos agravados – con armas o algún tipo de ejercicio de la violencia– y 259 robos simples.
En abril de 2012 se radicaron 104 denuncias por robos agravados y 317 por robos simples. En ese mismo mes de 2013 se denunciaron 77 robos graves y 324 robos simples, mientras que en abril de este año se cometieron 66 robos agravados y 340 simples.
Los habitantes del Este se quejan por la inseguridad, pero los números de delitos que se cometen en esta zona son muchos menos que los que ocurren en el Gran Mendoza.
Comparando los 12 meses de 2013 en las dos circunscripciones, en los departamentos del Este se denunciaron 8 homicidios, 961 robos agravados, 4.132 robos simples y 10 delitos sexuales; mientras que en el Gran Mendoza ingresaron a las oficinas y unidades fiscales 110 causas por homicidio, 13.052 robos agravados, 24.124 robos simples y 133 delitos sexuales.
Las estadísticas de la Procuración General todavía no reflejan lo ocurrido en los últimos dos meses en la zona Este, tiempo en el que según fuentes de las fiscalías de la región, se produjo una preocupante alza en los delitos graves, especialmente en los robos con armas.
Lo que entra y lo que saleCuando todavía no está creada la policía judicial en la provincia y sin que ello asegure necesariamente mejor resolución en la investigación de los delitos, en la zona Este y también en el resto de Mendoza es muy frecuente que la Justicia y la Policía se echen culpas mutuamente por la supuesta poca eficacia en contener la delincuencia.
Los operadores judiciales sostienen que los policías no están capacitados para investigar o pecan de desidia y del otro lado dicen que la Justicia no sale de sus oficinas y demoran en autorizar medidas, especialmente allanamientos y detenciones.
No es lo mismo en todos los departamentos.
En las jurisdicciones de la Unidad Fiscal Rivadavia/Junín y también en la de Santa Rosa/La Paz tanto de uno como de otro ladodicen que trabajan coordinados y que hay buen diálogo entre los dos sectores. En cambio no ocurre lo mismo en jurisdicción de la Unidad Fiscal de San Martín/La Colonia, donde hay quejas recíprocas.
Hace unos días, debido a esta situación el fiscal de instrucción Martín Scattareggi elevó una nota al jefe de la Distrital Este, Juan Alaniz, diciéndole que “desgraciadamente veo con inmensa impotencia sucederse e incrementarse uno tras otro delitos de altísima gravedad, sin poder darse con sus responsables”, y acotó que “estoy absolutamente persuadido de que la ola de delitos de asalto a mano armada que azota a San Martín y Palmira podría disminuirse considerablemente si las medidas de prevenciónya implementadas obtuvieran el nivel de eficiencia que la comuna de este distrito necesita para sentirse más segura”.
Desde el ámbito policial, off the record y desde las segundas líneas, replicaron que “si los fiscales tienen cuestionamientos sobre los efectivos que se desempeñan en esa jurisdicción, que denuncien con fundamentos y pidan que se remueva a esos policías”, y cuestionaron que “hay muchas medidas que solicita la Policía y que la Justicia se demora en autorizar. Hay órdenes de allanamiento que tardaron hasta cuatro meses en ser libradas y cuyos procedimientos, obviamente, terminaron arrojando resultados negativos”.
Pero las quejas no sólo son entre funcionarios policiales y judiciales, también hay molestias entre los mismos integrantes de la Justicia.
Desde el ámbito de quienes instruyen las causas penales se indica que los jueces de sentencia demoran en tratar los expedientes y que muchos imputados terminan libres y sin antecedentes porque las causas en las que estaban involucrados terminaron prescribiendo.
El problema es mayor aún cuando se tiene en cuenta que las causas por delitos menores y que no contempla la prisión preventiva de los imputados, no se trata con tanta urgencia y los expedientes se desvanecen, debido a la sobrecarga de delitos más graves que se deben resolver.
Todo esto sin contemplar la falta de personal y medios que padecen tanto en la Justicia como en la policía de la región.
