Viviendas del IPV, la planta de agua potable, caminos, líneas eléctricas y canales de riego se verían afectados por la resolución judicial.

Empezaron a frenar obras públicas tras la orden de la Suprema Corte

Por UNO

Por Alejandro [email protected]

Al menos medio centenar de obras públicas en ejecución quedarían paralizadas cuando entre en vigencia el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que hizo lugar a la cautelar solicitada por la Unión Cívica Radical para que el Gobierno no pueda utilizar la Ley de Reconducción del Presupuesto, norma que modificó la Ley de Contabilidad y, a través de la cual, el gobernador Francisco Paco Pérez buscaba un atajo para obtener dinero prestado sin necesitar los votos de los radicales en la Legislatura.

La cifra fue confirmada ayer por el ministro de Infraestructura de la Provincia, Rolando Baldazzo, quien aseguró que deberán frenarse obras de “canales de riego, líneas eléctricas, caminos como la pavimentación del carril Ponce en Guaymallén o la reorganización vial en Vista Flores, Tunuyán; las cloacas para Chacras de Coria, en Luján; la ampliación de la avenida San Martín en Las Heras; la tercera trocha del Acceso Sur, entre Mendoza y Luján; la planta de agua potable en Benegas, y hasta las viviendas que levanta el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) con fondos propios y nacionales”.

La razón es que todas estas obras se realizan a partir de fondos que brotan de diversas programas financiados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mendoza Productiva o el Fondo Fiduciario Federal, entre otros.

El ministro de Hacienda, Marcelo Costas, explicó que “el fallo de la Corte dice que “se prohíbe la utilización de los fondos provenientes de las deudas anteriores”, entre las que están todas esas obras.

Además, todas ellas figuraban en la misma Ley de Reconducción del Presupuesto que el radicalismo tacha de inconstitucional y que la Corte estaría considerando en el mismo sentido al dar los fundamentos previos en el fallo de la cautelar.

El impacto en la obra pública será el primero y principal, y el que se hará sentir, por la mano de obra que podría quedar ociosa esperando que se reactiven.

El ministro Costas atacó la postura del radicalismo y explicó que “el 90% del Presupuesto ya está destinado a gastos fijos que no se pueden eludir, por lo que nos quedan $3.500 millones disponibles. La UCR nos niega un endeudamiento de $1.300 millones, que representa el 37% de los recursos disponibles y no el 4% como dicen”.

Las obras que se podrían paralizarEl intendente de Guaymallén, Luis Lobos, señaló que en su departamento “se verán afectadas las obras en calles Ponce y Mitre. También un microhospital en Puente de Hierro, un centro de salud en Pedro Molina y una escuela técnica. Se paralizarán obras en las que se invertirían $250 millones”.

Jorge Difonso, el intendente de San Carlos, explicó que “el municipio está sosteniendo con sus propios fondos trabajos públicos que debían levantarse con fondos de los gobiernos provincial y nacional, por un monto total de $12 millones. Entre otras cosas, hay conexiones de gas natural, obras de agua, cloacas y asfalto”.

Mario Abed, de Junín, dijo que el Gobierno tenía atrasos en el pago de los fondos de la soja, pero no especificó qué obras podrían paralizarse que contaran ya con financiamiento, tanto del gobierno de Pérez como del de Cristina.

►$1.300 millones , sobre una pauta total de $35.000, millones es el monto por el que el Gobierno quiere endeudarse y la UCR no lo deja.

►$3.500 millones es lo que dice el Gobierno que le queda disponible, libre de gastos fijos, del total del Presupuesto de Mendoza.

►90 por ciento del presupuesto ya está destinado a sueldos, subsidios al transporte y la educación, deuda pública y coparticipación.