"Es una burrada que se diga que el promedio de sueldo que ganan los jueces es de $19.000. Es
aproximadamente $10.000".
Con esta afirmación lisa, directa, coloquial y contra lo que marca la tradición, el
presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde, defendió ayer, sin
medias tintas, el pago que el Gobierno depositó a los jueces por el aumento salarial que se les
adeudaba desde enero.
Definitivamente, la gestión de Pérez Hualde decidió abandonar el bajo perfil que el máximo
tribunal ha cultivado por años con devoción, no dudó en fijar postura y en dar explicaciones sobre
el siempre urticante tema de los haberes de los magistrados.
El jefe de la Corte hizo una verdadera demostración al respecto ayer abordado, al ser
abordado por la prensa luego de encabezar un ameno agasajo por el Día del Periodista.
Ante los micrófonos expresó fuertes definiciones: que el Gobierno no se vio obligado a pagar
el aumento, sino que está obligado por un convenio que firmó; que el incremento no es un privilegio
social; que los jueces mendocinos están cobrando por debajo del promedio que se paga en todo el
país y que sus pares no tienen que esperar aumento alguno que no sea anunciado por al Corte de la
Nación.
"Es un privilegio constitucional"
El titular de la Corte local justificó los montos salariales que ganan sus pares
del Poder Judicial provincial respondiendo: "Es un privilegio constitucional".
Pérez Hualde señaló que ese privilegio "es el de la inamovilidad de las remuneraciones de los
jueces. Tiene un justificativo público y es la garantía de que al juez el Gobierno no le va a mover
el sueldo. Es para conservar su independencia".
Luego se explayó: "En cuanto al monto, es relativo. Habría que hacer un estudio serio porque
hoy los jueces mendocinos ganan la mitad de lo que ganan sus pares federales, por lo que no está
tan claro que sea un privilegio. Mendoza está por debajo de la media nacional".
Incluso, Pérez Hualde no dudó en reafirmar un viejo argumento muy conocido en los pasillos
tribunalicios: "Creo que los jueces ganan de acuerdo con su función porque esta tarea obliga a la
captura del título (no pueden ejercer la abogacía ni tener un estudio) e impide hacer otro tipo de
tareas y otras funciones (sólo pueden ser magistrados)".
En contraposición, expresó que "en cambio en los otros Poderes (refiriéndose al Legislativo y
al Ejecutivo) sí pueden seguir ejerciendo su profesión".
En la comparación, no aclaró al respecto Pérez Hualde que el de gobernador, intendente y
legislador son cargos electivos y no vitalicios (como en la Justicia) y, por lo tanto, sus salarios
se extinguen con la finalización del mandato.
A la sombra de la Corte nacional
El nuevo ajuste salarial a favor de los magistrados provinciales (jueces, fiscales,
defensores oficiales y otros cargos con ese rango) no llegó por capricho.
Es parte de un acuerdo que el Estado mendocino firmó con los magistrados para superar la
explosiva indexación trimestral automática por inflación.
En lo estrictamente salarial, el nuevo convenio señala que cada vez que la Corte de la Nación
ordene un porcentaje de aumento salarial para sus jueces federales (que no tienen nada que ver con
la Justicia provincial) los jueces del Poder Judicial provincial tendrán un incremento porcentual
idéntico.
Por eso, Pérez Hualde fue claro ayer cuando dijo que "los jueces mendocinos no tienen que
esperar ningún nuevo aumento porque la Corte de la Nación no ha anunciado nada al respecto. Sólo se
sabe que está haciendo consultas para ver si puede aplicar una nueva mejora".
