Por Paola Alé[email protected]
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para frenar el endeudamiento, tal y como lo pidieron los radicales, desesperó, en un primer momento, al gobierno de Francisco Pérez. Sin embargo, 24 horas después de lo sucedido, al PJ comienza a hacerle ruido la resolución judicial. El que advirtió esta situación fue el intendente de San Rafael, Emir Félix, quien aseguró que, una vez notificados sobre la medida cautelar que impide al Ejecutivo poner en vigencia la Ley 8.667, que permitiría tomar deuda pública en el 2014 a pesar de no haberlo aprobado la Legislatura, sería importante pedir una aclaratoria al máximo tribunal. Esto es, para que la Justicia especifique los alcances de la prohibición. Es que, con lo determinado el lunes por la Suprema Corte, el Gobierno no sólo se verá impedido de tomar crédito nuevo, sino que además no podrá utilizar el aprobado por los legisladores en 2013.
Esta posibilidad de pedirle explicaciones a la Corte fue avalada por fuentes del Ejecutivo, desde donde aseguraron que la medida, como ha sido planteada, es de imposible cumplimiento.
Tres argumentosDesde el Ejecutivo confirmaron, por medio de un comunicado, que la Suprema Corte no los ha notificado formalmente acerca de la aprobación de la medida cautelar pedida por la UCR.
De hacerlo, se plantearán tres argumentos por los cuales el fallo podría estar viciado de nulidad.
En primer lugar, sería incumplible porque bloquea la toma del crédito con la herramienta del endeudamiento aprobada en 2013. Crédito que, por otra parte, ya se ha utilizado en obra pública licitada y en ejecución.
En segundo lugar, habría otra desprolijidad, según los allegados a Pérez. El jueves pasado por la noche, se dio por terminada la conciliación. En ese momento el oficialismo pidió que, debido a la complejidad de la situación, la Corte dictaminara en plenario y no lo hicieran nada más que tres de sus ministros. No sólo se omitió el pedido, sino que la sala se expidió en tiempo récord. Las sospechas de los peronistas tienen que ver con que los dos jueces que firmaron el fallo –Jorge Nanclares y Alejandro Pérez Hualde, ya que Carlos Böhm se encuentra de licencia– ingresaron a la Suprema Corte durante gestiones radicales.
Por último, existe un argumento más: en los considerandos, el fallo adelanta la resolución de la cuestión de fondo, ya que determina que para aprobar la cuestionada Ley 8.667 hubieran hecho falta los dos tercios de los votos de los legisladores y no la mayoría simple, como la que efectivamente la votó. Por lo tanto, estos tres argumentos son los que el PJ expondrá a la hora de considerar el fallo como inaplicable. Lo que todavía no confirma el Ejecutivo es cuál será la estrategia legal que utilizará.
Caciques piden madurezLos intendentes consultados reclamaron diálogo y madurez política. Aseguran que se les complicará el financiamiento de trabajos públicos (ver aparte).
Diario UNO consultó con Luis Lobos, Emir Félix, Jorge Difonso, Sergio Salgado y Mario Abed, de Guaymallén, San Rafael, San Carlos, Santa Rosa y Junín, respectivamente. Excepto el radical, los demás se mostraron a favor de retomar las conversaciones y destacaron que no es buen antecedente para la provincia judicializar la política.
De todos los intendentes consultados, el más crítico de la pelea entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición fue Difonso, el único intendente que pertenece al Frente Renovador.
“Esta pelea es una puja de egoísmos políticos. Ni la Unión Cívica radical ni el Partido Justicialista están a la altura de las circunstancias, y en el medio quienes quedan de rehenes son los mendocinos”, sostuvo el cacique comunal sancarlino.
Por otra parte, se quejó por lo que llamó “falta de ejercicio de la política” y aseguró que no es bueno judicializar los desentendidos partidarios. Pero Difonso fue más allá: destacó que los dos partidos mayoritarios provinciales están convirtiendo sus desavenencias en un problema de Estado, de cara al 2015.
Otro que criticó la imposibilidad de diálogo fue Luis Lobos, el intendente de Guaymallén. “Hay que tener un gesto de madurez política por parte de la UCR. Siempre el PJ apoyó el endeudamiento, esto es poner palos en la rueda y sencillamente no dejar gobernar”, dijo el guaymallino. Pero más allá del enojo, Lobos reclamó soluciones políticas que impriman dinamismo a la gestión pública. “Porque en verdad, a la gente no le interesa qué clase de desentendimiento existe entre el PJ y la UCR, a la gente lo que le importa es que se solucionen sus problemas, que se concrete obra pública”, señaló el intendente de la comuna más poblada de Mendoza. Por último, se mostró esperanzado en retomar las conversaciones. “Las instancias de diálogo nunca deben agotarse, hay que aportar sentido común”.
También Sergio Salgado, intendente de Santa Rosa, opinó sobre este tema. Además de detallar que la obra pública que sufrirá recortes o una completa parálisis, Salgado aseguró que la solución a este conflicto no se encontrará sino en la política misma. “Hay que demostrar madurez”, subrayó.
$2 millones para que se aplique la ordenEl fallo que le prohíbe al gobierno de Francisco Pérez endeudarse, emanado de la Suprema Corte de Justicia provincial, aún no está vigente y habrá que esperar hasta el martes que viene para saber si finalmente se aplicará o no.
Todo dependerá de un requisito que la Corte le impuso a la Unión Cívica Radical, desde donde se hizo el planteo de inconstitucionalidad.
Ese requisito se llama contra cautela, y significa que la UCR debe poner $2 millones antes del martes para que la orden de la Corte se aplique. Esa cifra es una garantía que se exige a quien demanda, y que pierde si sale derrotado en el juicio.
OpinanAlejandro Trapé (Economista y catedrático de la UNCuyo)
Va a causar impacto en la vida diaria, con efectos recesivos, y alterará los planes del Gobierno, que estaba muy confiado hasta hace poco en que iba a obtener deuda, hasta tenían un bono listo para emitir pero el tema de los fondos buitres frustó todo. Ante el fallo de la Corte seguro van a pisar la obra pública y demorar los pagos hacia adelante, no tienen otra.José Vargas, (Economista, titular de la Consultora Evaluecon)Ciertamente, Mendoza necesita financiamiento para la obra pública, esto es, caminos, escuelas... Pero el fallo de la Corte va a obligar al Gobierno provincial a tener que recomponer sus gastos, que son muy altos, lo que va a terminar impactando en la obra pública y en la economía diaria, ya que no tienen margen para subir impuestos o despedir trabajadores.
