Busca un inversor que sea el propietario del edificio y se lo arriende al Estado provincial. A pesar de los altos costos de este tipo de obras, Lafalla dijo que hay interesados en construirla.
El Gobierno local quiere alquilar la próxima cárcel
Una cárcel con dueño a quien el Estado le pagará un canon para darle el uso para el que fue creada es lo que por estas horas evalúa el Gobierno provincial, de cara al desafío de necesitar en el corto plazo un nuevo penal ante la sobrepoblación que ya se hace notar en los presidios.
Así lo lanzó ayer, como al pasar, el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, al ser consultado por la problemática. Preguntado por el tema y sin que nadie lo sospechara, el funcionario respondió: “Estamos evaluando la posibilidad de tener una cárcel a través de una iniciativa privada”. En tren de aclarar, el ministro Lafalla negó que se esté pensando en privatizar el servicio carcelario completo, como existe por ejemplo en Estados Unidos, donde hay empresas que construyen y administran cárceles cobrándoles el servicio al Estado. Al contrario, indicó que “la idea es que se haga una penitenciaría por iniciativa privada y luego el Estado la administre, no el particular que la construyó”. Remiso a entrar en detalles, y sabiendo el debate que esto generará, expresó que “todavía tenemos que estudiar de qué forma sería, si una concesión, un leasing, un alquiler, eso no lo sabemos”. Construir una penal es un proyecto de altísimo costo, por eso la pregunta central no tardó en llegar: ¿Hay interesados en hacerlo? “Hay privados interesados en asumir el proyecto”, respondió el ministro de Gobierno. Lo que cuesta un penal En una reciente nota publicada el domingo pasado, el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, responsable de administrar el cumplimiento de las penas de los condenados, aseveró a Diario UNO que “construir un penal como el de Almafuerte, con capacidad para unos 1.000 internos, le costaría hoy al Estado unos 1.300 millones de pesos”, lo que representa casi el 5% del Presupuesto total de la Provincia del 2014. La abultada cifra revela porqué en el Barrio Cívico evalúan que la próxima cárcel la construya un particular: el Estado no pondría un solo peso sino a modo de canon a partir de que esté lista para prestar sus servicios. El dueño seguiría siendo siempre quien la construyó y el Estado, en términos muy llanos, un simple inquilino. El ministro Lafalla no se extendió en más detalles, pero dejó en claro que es una idea que ya ha hecho pie en la gestión con interesados a la vista para llevarlo a cabo. Ya trabajan en los “detalles” del proyecto. 3.739 Presos tiene hoy en total el sistema penitenciario provincial a pesar de que su capacidad máxima es de 3.306 camas. Este año será habilitada en Campo Cacheuta la cárcel federal, cuya capacidad quedará colmada apenas ejecuten el corte de cintas.
