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El ministro Mario Adaro mostró a la prensa un escrito donde, a su enteder, el Poder Judicial amenaza con dar a conocer incumplimientos por parte de la Provincia de los convenios internacionales en la cárcel de Almafuerte. De fondo está la pelea p

El Gobierno acusó a la Suprema Corte de amenazas y la tensión entre ambos poderes llegó a un punto crítico

El Gobierno de Mendoza acusó este viernes a la Suprema Corte de usar una amenaza como forma decontrataque

en lapelea por la designación de jueces, en un capítulo que llevó la relación entre el Ejecutivo y
el Judicial a su punto mayor de tensión en varios años. Fue el ministro de Gobierno, Mario Adaro, quien en un desayuno con periodistas mostró unescrito del secretario de gestión de la Corte, Javier Fenollar, con las presuntas amenazas e hizopúblico el contrataque oficial: pedir explicaciones por escrito y mediatizar el conflicto. El escrito hace referencia a que por razones presupuestarias la atención de los presosmendocinos no se ajusta a los "tratados internacionales firmados por nuestro país" y agrega deinmediato que "por ahora" el Poder Judicial no va a hacer públicas los reclamos realizados por unajueza por esas falencias. "Por lo hasta aquí expuesto y por razones de prudencia política, esta Suprema Corte ha decidido, por ahora, no hacer pública la tramitación de estos reclamos, en aras del resguardoinstitucional (...)", dice el escrito. El ministro Adaro mostró a la prensa la respuesta, en una reunión convocada en el tercer pisode la Casa de Gobierno para los periodistas que lo siguen por Twitter. En ese sentido, mostró un escrito de respuesta, que tenía su firma, dirigido al presidente dela Corte, Alejandro Pérez Hualde, donde se le pide explicaciones por la presunta amenaza. "No nos resulta clara su alegación respecto que 'razones de prudencia política' llevan a no hacer público, 'por ahora', reclamos que se encuentran en trámite (...). La oscuridad de dichasexpresiones presenta un carácter de velada amenazas que obliga a este Poder Ejecutivo a solicitarsu clarificación", dice la carta, que ya estaba firmada por Adaro y esperaba la rúbrica deAlejandro Cazabán. El inicio del conflicto El conflicto se inició a fines de julio cuando la recientemente nombrada jueza de EjecuciónPenal Silvia Culós envió un oficio al ministerio de Gobierno emplazando en el término de 10 días arealizar una serie de nombramientos, reformas y adquisiciones para la cárcel de Almafuerte parasubsanar ciertas falencias del sistema penitenciario. Lejos de dar mayores respuestas al pedido de Culós, desde el Ejecutivo salieron a pedirexplicaciones sobre la designación de esa magistrada, advirtiendo que la Corte no cumplió losprocedimientos necesarios para el nombramiento. Fue entonces cuando el Judicial envió la nota, fechada este lunes 9 de agosto, con lapresunta amenaza de hacer públicos los reclamos de la jueza Culós.

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