Por Gustavo De [email protected]
@Monodemarinis
No habrá renuncia, despido o destitución o suspensión ni mea culpa que alcance para reparar íntegramente la muerte de la beba Luciana. Nada le devolverá la vida, ni le restituirá los derechos del niño consagrados por una ley nacional creada en el 2005. Pero es preciso que el mismo Estado que falló en la protección de la nena determine las responsabilidades y aplique los correctivos, que pueden ir desde una renuncia y un despido o destitución o suspensión hasta incluso poner a disposición de la Justicia, si fuere necesario, a quien no cumplió con sus deberes de funcionario público. Y todo indica que así se hará, como corresponde. Ayer mismo, el gobernador Francisco Pérez anunció el inicio de un sumario administrativo y ya hay dos operarios suspendidos. Se suma la decisión de la fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos, quien ampliará la investigación para determinar si en el caso hubo responsabilidad de algún funcionario.
Todo esto, al margen del juzgamiento al autor o los autores del asesinato, quien o quienes deberán responder por este acto criminal del que hicieron víctima a una menor indefensa y por el que ya están imputados y presos.
¿Qué pasó?El Estado –el Gobierno de la provincia– tiene buenos, muy buenos, agentes u operadores sociales. Cuenta con excelentes programas y planes para proteger a mujeres y a niños que son víctimas de la violencia.
Con la creación del Organismo de Administración Local (OAL) se dispuso de una excelente herramienta para afrontar la problemática con más rapidez y efectividad que lo que hacían tradicionalmente los juzgados de Familia.El Gobierno provincial cuenta –vale repetirlo– con buenos, muy buenos, agentes sociales u operadores, profesionales, comprometidos, solidarios, dispuestos a trabajar 24 horas por día si fuese necesario y valientes para transitar por escenarios conflictivos y peligrosos para sus vidas. También tienen entereza para afrontar situaciones que a la mayoría les causarían temor, indignación y todo tipo de sensaciones que a veces pueden ser desequilibrantes y llevan a actuar de manera equivocada.Los equipos con que cuenta el Estado para abordar la problemática del maltrato infantil son formados por personal preparado y que tiene un alto valor social.
Casi todos los que se desempeñan en esta tarea pueden ser alcanzados por los conceptos aquí vertidos. Casi todos, la mayoría. Pero no todos. En el caso de Luciana hubo fallas, y no fallas menores. Murió una chiquita por los golpes que le dieron, razón por la que hoy están en prisión su padrastro y su propia madre.
Que la niña fuera encontrada abandonada, sucia y hambrienta, que un cuidacoches detectara y denunciara la situación y que estuviese habitando en el edificio de una escuela abandonada sin los servicios esenciales, no fueron elementos suficientes para que el Estado viera “un riesgo inminente”, como se explicó en la conferencia de prensa que ofrecieron funcionarios locales para tratar de explicar por qué no llegaron a tiempo para salvarle la vida.
Que se haga justicia.
