Paola Alé[email protected]
De 80.000 trabajadores del Estado mendocino, sólo 1.040 sufren alguna discapacidad. Tal cifra corresponde al 1,3% del total de la planta de personal. El punto es que ese porcentaje dista mucho del que exige la Ley Nacional 25.689, que indica que el 4% del total de los puestos de trabajo que ofrece el Estado deben estar ocupados por personas discapacitadas. Así lo explicó Juan Carlos González, defensor de personas con discapacidad.
El Gobierno no desconoce esta situación y de hecho la asume. Tanto es así que el mismo informe proporcionado por el Ejecutivo reconoce esto como una deuda hacia la sociedad mendocina. La mayoría son mujeres El documento que acompaña a los datos duros del censo deja en claro que el número es insuficiente. Sin embargo, no hace referencia al porcentaje exigido por la ley, sino que se limita a explicar que el número de empleados públicos mendocinos con discapacidad no alcanza el 2%, un estándar que se cumple en la mayoría de los países de la región. “Los esfuerzos constantes de la provincia por incluir y ofrecer igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público a las personas con discapacidad han sido importantes, pero todavía se encuentra por debajo de la media” es el mea culpa del Ejecutivo. En cuanto a los datos que se desprenden de este número, se puede decir que la mayor parte de las personas que trabajan en el Estado y padecen alguna discapacidad son mujeres. Es así en 67,5% de los casos, mientras que el 32,5% restante es de varones. La docencia, incluyente Hay que dejar en claro que es la docencia la actividad más incluyente en este sentido, perteneciendo a esta área 61% del total, y en segundo término a salud (17,3%). Lo demás se distribuye en las otras 16 áreas que componen la Administración Pública. En cuanto a la edad, el 54% de estas 1.040 personas tienen entre 46 y 59 años y el 20,8% oscila entre los 30 y los 45 años. Otro aspecto significativo es el del nivel de estudios de las personas con discapacidad. Los datos se condicen con los de los demás empleados. Predominan los que tienen estudios terciarios o superiores. Representan el 38,5% del total. Mientras los universitarios se llevan el 15,2% del total, casi junto con los que tienen secundario completo, que es de 15%. El 32% restante se distribuye en otros 9 niveles educativos. Este dato es interesante, porque demuestra que la discapacidad no es un impedimento de la formación y que ésta debería ser el principal criterio para dar empleo. En cambio se buscan muchas excusas para no darlo. Así opinó el defensor de personas con discapacidad. Qué dice el defensor Para González, “ha saltado a la luz un dato que ya sabíamos y es el del bajo nivel de personas discapacitadas en la planta de trabajadores estatales”. El funcionario cree que Mendoza les debe a las personas con discapacidad una verdadera política pública de inclusión en cuanto al empleo. “Esto no vale sólo para los empleados del Estado, sino también para los privados”, manifestó. El punto es que además de no cumplirse el cupo que indica la ley nacional en cuanto a puestos de trabajo reservados para discapacitados en la Administración Pública, también existe una ley provincial (la 5.041) que protege los derechos de los discapacitados en la provincia y que estimula el trabajo en el sector privado para estos ciudadanos. Lo que ofrece son exenciones impositivas a las empresas que empleen a personas con discapacidad, pero es poco y nada lo que se ha hecho en materia de políticas compensatorias, según manifestó González, porque no se tiene en cuenta demasiado lo que dice esta ley. “Lo importante es que a partir del registro de esta realidad, el Gobierno tome medidas. Ya es un gran paso que se reconozca, pero no lo es si no se mejora la situación”, expresó el defensor, quien además explicó que desde la entidad que representa pidió muchas veces este dato al Ejecutivo y nunca se lo pudieron proporcionar. Por esto aseguró que tener la medición es importante, pero tomarla como una herramienta de peso para hacer cambios lo es más. Sin embargo, el Estado cuenta con otros insumos, como los informes y opiniones del Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad, que es válido utilizar.
