Una vez que se publicó la idea de recrear nuevamente un banco provincial, no tardaron en aparecer las opiniones políticas sobre esa posibilidad. La primera voz que apareció fue la del diputado de Unidad Ciudadana, Jorge Tanús, quien adelantó que la iniciativa sería atendible y podría complementarse con otros proyectos que se presentaron anteriormente, entre ellos uno de su autoría.
"Hay que decir que hay 3 iniciativas, una de Julio Cobos de cuando fue gobernador, una mía que complementaba la de Cobos en recrear el banco a través del Fondo para la Transformación, y también del ex ministro de Hacienda Marcelo Costa. Los tres orientaban la creación del banco a través del Fondo para la Transformación. Mi opinión es favorable", repasó el sanmartiniano en diálogo con Radio Nihuil.
El legislador fue más allá de los escasos detalles de la propuesta actual y definió: "Mendoza tiene un volumen de movimiento económico que surge del propio Estado, los empleados públicos, la concesiones de los servicios públicos, el tema vitivinícola, Fecovita. Existe una serie de actividades económicas que podrían bien direccionarse por el banco provincial y no hacerlo a través de la banca privada pagando comisiones millonarias todos los años que así se ahorrarían".
Frente al fantasma del cierre del ex banco Mendoza, para Tanús el sistema financiero ha mejorado y se ha vuelto más estricto por lo que aquella quiebra no sería posible en la actualidad.
Además resaltó lo benéfico de que el directorio no fuese político para evitar los errores del pasado: "Escuché en la idea de Cornejo que hubiese normativas aplicables al sector privado, para que el directorio no sea político sino que tenga un perfil profesional y esté inhibido de favorecer créditos o beneficios vinculados con la política. Si el fin es ese, es atendible, que la provincia deje de pagar comisiones a bancos privados para que direccione el rumbo de su economía en un banco estatal".
Sobre los fondos con los que podría contar ese futuro banco, para Tanús se debería basar en el Fondo de la Transformación y el IPV, que financia el crédito hipotecario para la vivienda social y se podría consolidar con los 100.000 empleados públicos y con la obligatoriedad de que las empresas concesionarias de servicios públicos, hagan sus movimientos económicos y financieros a través del banco estatal", concluyó.