Ecologistas cuestionan el plan oficial para el nuevo Zoológico

“Entiendo que el rol del Estado es garantizar la discusión y la participación de todas las miradas para luego tomar decisiones con acuerdo mayoritario, como se hizo con el ordenamiento territorial. Queremos un zoológico del  siglo XXI y queremos darle la institucionalidad que se merece por ley, porque si no queda todo como si fuera el proyecto de un gobierno o de un ministro. El problema es que acá tenemos desde gente que quiere que traigamos más animales exóticos, porque es la única oportunidad que tienen de verlos, hasta gente que directamente quiere que lo cerremos. Es tan amplia la gama de opiniones y con tantas contradicciones, que obliga a construir el consenso”, argumentó el ministro.

Siguiendo esos ejes (institucionalidad a través de una ley, garantía de financiamiento y un modelo de zoo moderno), Elizalde insistió en que todo lo demás es “discutible”.

La administración

En apenas seis hojas, la iniciativa oficial pretende regular el funcionamiento del Zoo, definiéndolo como una “institución centífico-educativa integradora y promotora de educación ambiental, conservación e investigación de la flora y la fauna”, y encuadrándolo en el marco de las leyes Nº6.006, que creó la Administración de Parques y Zoológico, y Nº6.394, que declaró al parque General San Martín área ambiental urbana protegida.

Aquí surge la primera diferencia entre el anteproyecto del gobierno de Paco Pérez y el Ecoparque, puesto que para las asociaciones que lo impulsan, éste debería ser administrado por un “organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera” que incluya un Consejo Directivo conformado “por el Colegio de Veterinarios, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, universidades con incumbencia en materias ambientales y de  veterinaria, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la protección del ambiente, la defensa de los derechos de los animales y la protección de la fauna silvestre, instituciones científicas relevantes y otras  instituciones que por su objeto se consideren relevantes”, y que sea auditado fuertemente por el Gobierno.

Consultado acerca de la posibilidad de que el modelo de gestión del zoo sea el pretendido por ambientalistas y ecologistas, el ministro señaló: “Sabemos de la experiencia de otros zoológicos, como el de Nueva York, que están administrados por fundaciones (en este caso, la Wildlife Conservation Society). Si entramos en esto, me pregunto, ¿a quién se lo damos? ¿A una fundación internacional? ¿A una local? Por eso, insisto en la presencia del Estado con una direccionalidad fuerte pero con mucha participación del resto de las asociaciones de la organización civil”.

Otras críticas

La Asamblea por el Árbol, la asociación Biota (Asociación para la Conservación de la Diversidad Biológica Argentina), los Ciudadanos Autoconvocados por el Zoo, el grupo de voluntarios independientes Ecológicos Unidos, la Fundación Cullunche, el grupo GAIA y Oikos Red Ambiental tienen en sus manos una copia del anteproyecto oficial y, como era de esperarse, ya le realizaron una serie de críticas.

Jennifer Ibarra, presidenta de la Fundación Cullunche, acercó a UNO un documento en el que se plasman las principales observaciones a la iniciativa oficial. Además de la ya conocida respecto de la administración del espacio, se dice que el anteproyecto oficial ofrece una redacción “sesgada” de lo que es la misión y la visión del zoo, y que no propone una estructura orgánica de dirección y manejo con áreas como sí han diseñado los impulsores del Ecoparque.

Pero además, las observaciones hacen foco en cuanto al rol que tendrá el director del remodelado zoo. El borrador del gobierno establece que quien desempeñe ese rol deberá tener “título de grado universitario con  antecedentes y experiencia en dirección y gestión”, al tiempo que crea la figura del “supervisor zoológico técnico-científico, cargo que será concursado bajo planta temporaria, con una duración de cuatro años, pudiendo ser  reelecto hasta dos períodos consecutivos, el cual de deberá tener título de grado de médico veterinario, licenciado en Biología o licenciado en Zoología, con experiencia en manejo de fauna silvestre”.

De esta manera, se descarta una de las mayores aspiraciones del conglomerado que impulsa el Ecoparque: realizar concursos abiertos de antecedentes y oposición para los cargos clave. Pero, además, se advierte que los  egresados de la Universidad Juan Agustín Maza son veterinarios, y no médicos veterinarios, con lo cual no podrían concursar.