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Hace dos años está frenado en la Cámara de Diputados provincial el tratamiento de un proyecto, con media sanción de Senadores, para registrar e inspeccionar los jardines maternales privados a los que concurren niños de 45 días a 4 años, pero que hoy no son alcanzados por el control estatal.
Oficialismo y oposición discrepan respecto de la competencia sobre estos espacios. El Gobierno entiende que deben ser supervisados por los municipios y la UCR quiere que la injerencia sea provincial, a través de la Dirección General de Escuelas (DGE). “Porque, además de ser un lugar de contención, allí los chicos socializan, tienen sus primeras experiencias de aprendizaje y porque están en juego los derechos de los menores a un desarrollo integral”, argumentan. La pretensión legislativa es equiparar las condiciones con las de los Servicios Educativos de Orientación Social (SEOS), que sí dependen del Estado. Frente a la necesidad de los padres de salir a trabajar, estos espacios proliferan, pero el criterio no es unificado. Selección y pago del personal, condiciones edilicias, de seguridad y el proyecto educativo ofrecidos dependen únicamente de la seriedad de sus dueños. Para funcionar, hoy sólo necesitan la habilitación municipal que se obtiene cumpliendo con las normas de seguridad similares a las de cualquier comercio y que no atañen al cuidado y a la educación de los menores. El departamento de Luján de Cuyo es el único que tiene una reglamentación específica para jardines maternales. Los SEOS alcanzan al 10% El tema reflotó después de la situación que se vivió en el jardín Blue Kinder, de Ciudad, donde un bebé de 3 meses se descompensó y luego falleció camino al hospital Fleming, por causas que investiga la Oficina Fiscal Nº1, de Capital. En principio, la guardería cumplía con las condiciones municipales de habilitación, además, tenía docentes tituladas para enseñar y un proyecto educativo. Según los médicos, “el menor no mostraba signos de maltrato, no tenía vómito en garganta y no le salía sangre por nariz (se sospechó que podría haberse ahogado con leche)”. Pero hasta ayer no habían confirmado que se tratara de una muerte súbita. Como la educación es obligatoria recién desde los 5 años y universal a los 4, el Estado no tiene obligación de controlar lo que sucede en los jardines maternales privados a donde concurren chicos menores de esa edad. Existe en la DGE una Dirección de Educación de Gestión Social y Cooperativa, que tiene bajo su órbita a los SEOS, sólo para sectores vulnerables y en pocos casos ámbitos como hospitales o sindicatos: son en total 275 salas que cubren el 10,8% de la población local de 45 días a 4 años. Para el director de Educación de Gestión Social, Sergio Ink, “la DGE dispone subsidios para que las organizaciones intermedias (como municipios o fundaciones) que crean estos servicios puedan pagarles a los docentes. En los SEOS, hay un diseño curricular unificado y con aprendizajes ajustados a las edades, se cumplen exigencias de funcionamiento como en el resto de los niveles educativos”. Y opinó: “Es necesaria una reglamentación para los jardines maternales privados, pero deben depender de los municipios por una cuestión de cercanía”. “Falta decisión política” La autora de la iniciativa legislativa, Milagros Suárez (UCR), consideró: “La DGE debe crear un área específica que se haga cargo de la aplicación de esta normativa, pero no hay decisión política”. Añadió que en su proyecto, los principales requisitos a exigirles a los jardines maternales son condiciones edilicias apropiadas, un proyecto educativo institucional (PEI) acorde con la edad y característica de la comunidad en la que se trabaja, que sólo sea personal docente con título habilitante el que esté frente al aula, con certificados de aptitud psicofísica y de buena conducta, como también personal auxiliar capacitado para el cuidado de los niños, celadores y cocineros en el caso que funcionen comedores, y el requisito de definir una cantidad de horas como límite de permanencia de los niños en el lugar, seguros de responsabilidad civil y de salud, entre otros. Dicen que “tienen todo en regla” Noah Benítez tenía apenas 3 meses de vida y estaba al cuidado de las maestras del jardín Blue Kinder, de Perú al 600, de Capital, cuando se descompensó y luego murió. Según relató a Nihuil, María Carranza, hija de la dueña del establecimiento, el bebé “estaba con "la maestra de la sala y otras auxiliares. No fue que lo encontraron muerto. Empezó a palidecer luego de tomar la leche, le vieron un color raro y las maestras decidieron llevarlo a la clínica que está frente al jardín (Trinidad)". Allí intentaron reanimar a Noah durante 20 minutos para luego trasladarlo de urgencia al Hospital Fleming, a donde llegó sin vida. Carranza especificó que “hay salas para pequeños de 45 días a 3 años. El jardín tiene todos los papeles en regla", señaló lo cual a su vez fue ratificado por la vocera del municipio de Capital, Nora Vicario. Lo legal La Ley Nacional de Educación habla en su artículo 2º de que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”. Establece que la estructura del sistema educativo comprende 4 niveles, uno de ellos la educación inicial, “una unidad pedagógica que comprende a los/as niños/as desde los 45 días hasta los 5 años”.
