Por Alejandro Gamero
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Hace cinco años que Myriam Isabel Luna trabaja como ordenanza del Poder Judicial, en General Alvear. Y hace cinco años que pide y espera, sin éxito alguno, ser incorporada como empleada efectiva.
La respuesta a su petición siempre fue que no había cupo para ingresar a la Justicia. A pesar de ello, la mujer, madre de tres hijos, vio como recientemente dos hombres fueron incorporados a la planta permanente como empleados efectivos para cumplir las mismas tareas que hace ella.
Así, no perdió más tiempo y demandó al Estado por discriminación y violencia de género, encuadrado en la Ley 16.485, ya que entiende que se priorizó a dos varones para darles un puesto que a ella se le negaba por ser mujer. Y mal no le fue.
La demanda, patrocinada por la abogada Carolina Jacky, fue aceptada por la Justicia, que hizo lugar a una medida cautelar por violencia de género. La jueza María Eugenia Ibaceta le ordenó al Poder Judicial, con el fin de evitar cualquier represalia que derive en un despido, mantener en pie el contrato de trabajo de la mujer hasta que haya sentencia firme e informar en tres días la situación denunciada.
La abogada de Luna planteó la demanda y el pago de una indemnización de $30.000 por daño moral a partir de los hechos denunciados, los que considera claramente discriminatorios. Además, solicitó al tribunal donde se tramita el juicio que la afectada sea incorporada a la planta permanente como empleada efectiva.
La letrada Jacky explicó a Diario UNO: “Estamos ante un claro acto de discriminación por parte del Estado, donde la señora Luna no fue nombrada con un cargo efectivo por ser mujer. La razones ocultas que motivan estas conductas son las de siempre”.
Y precisó que “este problema tiene que ver con que las mujeres que trabajan, si tienen hijos, muchas veces deben faltar para atenderlos por problemas de salud, o si en cambio cursan un embarazo, deben otorgarles una larga licencia como manda la ley, y cuando tienen un familiar enfermo, son las mujeres las que tradicionalmente cargan con la responsabilidad de sobrellevar esa situación.
Por estas situaciones de la vida diaria, muchísimas mujeres son discriminadas a la hora de tomar un empleo, como ocurría en este caso”. Por otra parte, la letrada resaltó que “no sólo es discriminada sino que la tienen empleada con un contrato basura, que hay que renovar anualmente, es decir, la tienen en negro durante años, algo que también el Estado provincial practica con frecuencia y ya no nos sorprende”.
Al respecto, Jacky puntualizó que “con este contrato basura, Myriam Isabel Luna no cobra el mismo sueldo que cobra por escalafón un ordenanza nombrado y que hace exactamente la misma tarea; no cuenta con obra social, no tiene derecho a los días de licencia por diferentes necesidades que se puedan presentar y que reconoce la ley y, como si fuera poco, debe pagar monotributo para sostener su aporte jubilatorio”.
La policía, a la cabeza
La fuerza policial mendocina es la que más acumula demandas de mujeres por violencia de género en el ámbito laboral que afirman haber sido víctimas de diversas maniobras discriminatorias y abusos a partir de su condición de ser mujer.
Los ocho juicios que ya cursan contra el Estado provincial suman compensaciones por alrededor de $1 millón.
Casos de mujeres policías que fueron obligadas a participar en reuniones con sus colegas varones en habitaciones en donde ellos se desnudaban completamente, policías que deberían ascender de rango y por el solo hecho de ser mujeres no lo consiguieron, uniformadas a las que les dieron licencia psicológica y pasaron a disponibilidad sin razones reales y no cobran un peso u oficiales que quisieron denunciar casos de discriminación de algún compañero o jefe y no encontraron a quien quisiera tomarles la denuncia son las denuncias más comunes que se han presentado en estos expedientes.
En dos casos se lograron avances, con una mujer policía que se desempeñó en el Cuerpo de Bomberos y que tras un largo peregrinar pudo ser reubicada en otra institución mientras se resuelve su caso y el de otra mujer con rango de principal, que fue reincorporada luego de cuatro años cuando denunció que no se la ascendía por ser mujer, lo que le valió que la dejaran afuera sin cobrar un peso.
Decisión
En el fuero civil y comercial. El caso está en manos de la jueza María Eugenia Ibaceta, quien aceptó la cautelar presentada por la abogada Carolina Jacky, quien actuó en nombre de la demandante, Myriam Isabel Luna. Se tuvo en cuenta la Ley 16.485.
Desigualdad en materia de derechos
La abogada explicó que, a raíz de no haber sido nombrada empleada de planta permanente, la demandante no cobra el mismo sueldo que el personal que está en el escalafón y que hace el mismo trabajo.
Tampoco tiene los beneficios propios de estar afiliado a una obra social y se ve obligada, cada año, a solicitar la renovación del contrato, por lo cual “trabaja en negro”. Hasta que se haya emitido sentencia firme, la jueza Ibaceta le ordenó al Poder Judicial que mantenga el vínculo laboral de la demandante. Se espera una resolución definitiva en breve.