Por Andrea Pellicer
Más de treinta mujeres presentaron su denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Nación para exigir al gobierno provincial la adhesión al artículo 86 del Código Penal, el cual establece que una mujer que haya concebido como resultado de una violación tiene derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo y está exenta de pena.
La iniciativa surge desde el colectivo Mujeres de la Matria Latinoamericana (MUMALA) y otras organizaciones sociales que luchan para que el Estado implemente esta guía técnica sobre la cual la Corte Suprema ya se ha expedido de forma favorable en marzo de este año.
“Estas dilaciones e incumplimientos son inconstitucionales. No es la única provincia en la que sucede esto porque se están defendiendo los intereses de ciertos sectores religiosos antes que el derecho de todas las mujeres”, expreso Silvina Anfuso, titular de Mumala.
Desde el organismo, explicaron que una vez radicada la denuncia se trasladará el informe a Buenos Aires, en donde se analizará para luego expedirse al respecto sentando un nuevo precedente en este reclamo. “Hay casos en los que la Defensoría se ha establecido también como denunciante, no sabemos si en este caso en particular lo hará pero como estamos hablando de un Derecho Humano esta instancia es posible”, afirmó Carlos Dillon, miembro de la Defensoría.
El artículo 86 del Código Penal expresa en su inciso segundo: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.
Pese a la reglamentación, las interpretaciones de este artículo han sido múltiples y las víctimas han tenido que pasar por varias complicaciones legales para realizarse el procedimiento.
El dictamen que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza realizó en el año 2006 también sienta precedente. En ese momento, el propio gobernador, Julio Cobos, se expresó en contra de que a una joven discapacitada, víctima de violación se le interrumpiera su embarazo. Ana Rosa Gazzoli, madre de la joven, tuvo que esperar a que la Corte no diera lugar a la medida de no innovar interpuesta por la ONG Vitam para interrumpir el embarazo.
En este momento, la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles se encuentra en la comisión de salud del Senado, donde los legisladores expresan que esperarán escuchar todas las voces antes de emitir un dictamen.
