Legisladores de la Bicameral de Seguridad afirmaron que el Ejecutivo no respeta las pautas que determina la norma. En el Gobierno dicen lo contrario. Citaron a Comperatore.

Denuncian que no cumplen con la Ley de Testigo Protegido

Por UNO

Paola Alé

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El miércoles 7, Daniel Argüello (14) fue a hacer las compras. Era cualquier día, uno más de los tantos en los que cumplía esa rutina. Sin embargo, esa no fue una jornada común en el seno de su familia, porque Danielito, como le dicen en su casa, desapareció. Hasta hoy, nada se sabe sobre su paradero. Sí se sabe acerca del resto de su familia, incluida en el programa provincial de Protección de Testigos, entidad que depende de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad de Mendoza. Es parte del plan desde enero pasado y asegura –en testimonios brindados a distintos medios locales– que no han sido debidamente cuidados por las autoridades.

Esta misma afirmación la realizan los miembros de la Bicameral de Seguridad de la Legislatura provincial. Algunos de sus integrantes dijeron que reciben no una ni esporádica, sino muchas denuncias de personas incluidas en este programa. En general, todas apuntan a la misma queja: no se sienten resguardados por el Estado.

Así lo afirmaron la senadora Milagros Suárez (UCR), quien actualmente es la presidenta de la comisión; el diputado Daniel Cassia (Frente Renovador) y el diputado nacional Luis Petri (UCR), quien fue autor de la Ley de Testigo Protegido, sancionada en el 2008.

En la cartera de Seguridad, la versión es otra. Afirman que la ley se cumple, que el programa funciona perfectamente, y que cada caso es diferente y está atado a las indicaciones que reciben a través de los oficios que libera el juez.

Las críticas

Los legisladores consultados coincidieron en asegurar que el programa de Protección de Testigos no cumple lo establecido por la legislación vigente. Según Suárez, no hay un protocolo concreto de actuación con respecto a los ciudadanos que integran el programa. “No se tiene cuidado con la información, la gente de la comunidad se entera fácilmente de quiénes son los testigos protegidos”, dijo la senadora.

También agregó que tanto en el Senado como en Diputados, el radicalismo presentó pedidos de informe para determinar cuál es el método de procedimiento que se sigue en situaciones como estas. Además quieren saber si los testigos protegidos reciben ayuda económica, en forma estable y permanente, en el tiempo que dure la protección.

Acerca del caso Argüello, los legisladores buscan conocer si el chico formaba o no parte del programa en el momento de su desaparición y de ser así, por qué no se lo cuidó.

“Más allá de este caso puntual, los conflictos de seguridad que vemos son siempre los mismos y tienen su raíz en la falta de gestión y coordinación en las distintas áreas”, aseguró Suárez.

A modo de ejemplo, la radical se refirió a otro programa que presenta algunos inconvenientes, el de atención a víctimas de delitos. “Existe, pero los criterios acerca de la distribución de los recursos del programa son muy diferentes, y el resultado es que no se pone en práctica debidamente”, aseveró la presidenta de la Bicameral.

Similar fue el pensamiento del massista Daniel Cassia, quien recordó otra situación en la que un testigo protegido sufrió por falta de cuidado estatal. Se trata del caso de Carlos Passetti (29), el joven que trabajaba como repartidor en un delivery de pizzas y que fue asesinado en Villa Nueva, Guaymallén, en el 2001. La Justicia fue condenada por esta situación.

Otro que opinó fue el diputado nacional Luis Petri (UCR). “El texto de la legislación es claro, establece formas de protección según cada caso en particular, pero estas pautas no se siguen, sino no pasarían estas cosas”, aseguró el legislador.

La versión oficial

En el Ministerio de Seguridad, expresaron que no existe ningún inconveniente en el área de Protección de Testigos, ni en este ni en ningún caso de las personas que lo integran. Explicaron que ellos proceden a través de oficios judiciales y que es el juez de la causa quien dispone las medidas tutelares, como también la permanencia que el testigo y su familia estará bajo la protección del Estado. De todas maneras, los miembros de la Bicameral de Seguridad, citaron al ministro Leonardo Comperatore para que asista hoy por la tarde a dar explicaciones sobre este y otros temas y están a la espera de que así suceda.

Se ingresa a través de una orden judicial

La ley 7.907 establece que el ingreso en el programa de Testigo Protegido es través de una orden judicial y a partir del momento en el que el ciudadano es parte de este plan, debe recibir la debida protección del Estado. Esta  no es la misma para todos los testigos protegidos, sino que se deben decidir las medidas tutelares teniendo en cuenta la particular situación de cada persona en riesgo.

El cuidado se hace extensivo a los miembros de la familia. Cuando se ingresa y una vez que se establecen las pautas de custodia, la persona que recibe la protección debe firmar un acuerdo, que oficia además de compromiso, ya que él también está obligado a seguirlas.

Sobre las medidas tutelares, si bien no son las mismas para todas las personas, sí hay algunas generalidades. Están expresadas en el artículo 7 de la ley. Van desde el establecimiento de un policía de consigna para el  testigo, vigilancia de su domicilio, acompañamiento desde el lugar de residencia hasta el lugar en el que debe testificar, cambio de domicilio, de trabajo, de escuela de los hijos, llegando hasta incluso de identidad de ser  necesario.