La situación de la Sociedad Española de Socorros Mutuos es cada vez más complicada. Luego de que a finales de noviembre clausuraran el edificio en el que funcionaba debido a una gran cantidad de irregularidades y malas condiciones edilicias, el juzgado concursal que lleva adelante el expediente decretó la quiebra de la entidad.

El dato fue confirmado por el Ministerio de Salud de la provincia, desde donde además informaron que no mantuvieron reuniones con los directivos de la Sociedad luego de los primeros días del problema ya que la misma se disolvió y se concretó la quiebra.

"La jueza que es de un juzgado concursal notificó a la empresa Praxismed que era la gerenciadora, es decir la que tenía todos los empleados a cargo, porque ellos fueron los que desvincularon su contrato. La comisión directiva fue la que solicitó la quiebra", aseguró una fuente de la cartera que conduce Elisabeth Crescitelli.

Al mismo tiempo, recalcaron que ellos no levantaron la inhabilitación que impusieron sobre la Sociedad Española, algo que tampoco hizo la Municipalidad de Capital.

En este contexto, con la quiebra decretada, el edificio clausurado y la inhabilitación de la entidad, y si bien será decisión de la jueza a cargo decidir si sigue funcionando o no, es casi un hecho que no podrá seguir funcionando.

En cuanto a los profesionales de la salud que quedaron sin empleo desde que se conocieron los profundos problemas económicos que atravesaba la Sociedad Española, desde el Ministerio aseguraron que no es responsabilidad de ellos reubicarlos ya que se trata de una entidad privada, pero aclararon que según los que se presentaron la cantidad de personas llega a 100 y no a 300 como aseguran los trabajadores.

El principio del fin

El miércoles 22 de noviembre se conocieron los problemas que ocurrían en la Sociedad Española de Socorros Mutuos ya que los trabajadores del lugar realizaron una protesta en la puerta del edificio ubicado en calle Lavalle, entre José Federico Moreno y Montecaseros, de Capital.

Aquel día, los profesionales reclamaban porque desde la comisión directiva les habían avisado que les pagarían un 70% del sueldo correspondiente, y que al pedir explicaciones les anunciaron que el lugar cerraría sus puertas.

Al mismo tiempo que el Ministerio de Salud inhabilitaba administrativamente la Sociedad Española, la Municipalidad de Capital por medio de un decreto ordenaba el desalojo de bienes, personas y el allanamiento del edificio.

En ese momento, indicaron que los profesionales de la salud del lugar pertenecen a la empresa Praximed, quienes también tienen a su cargo la Clínica Santa Clara, y deberían ser ellos quienes solucionen dónde sería distribuido el personal.

Fuente: Diario UNO de Mendoza

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