Por Alejandro Gameroagamero@diariouno.net.ar
Lo anunciaron el Gobierno y la Corte provincial, que prevén la eliminación de vehículos para 2013. Así piensan deshacerse de un parque automotor que en muchos casos lleva allí más de 30 años.
De remate: desguazarán y subastarán los 22 mil rodados de San Agustín
Parque jurásico de hierros retorcidos, de autos carbonizados, abollados, destrozados, abandonados y fosilizados en el sistema judicial, la playa San Agustín, con sus 22 mil vehículos de todas las especies, casi podría ser una atracción turística. Sin embargo, el destino de sus añosos residentes será la extinción total.
Ayer, el Gobierno y la Suprema Corte local anunciaron que mandaran a desguace y destrucción todas esas toneladas de chatarra, y que los que se salven volverán a rodar en las calles mendocinas al servicio de sus propios verdugos.
La novedad fue el primer anuncio de envergadura para vaciar la playa San Agustín con casi 30 años de acumulación ininterrumpida, reflejo crudo y brutal de la burocracia estatal en su máxima expresión, en donde todo queda allí, arrumbado, sin que nada pase ni en los hechos ni en los papeles que los tramitan, salvo el tiempo, que es lo único que se mueve en ese paraje.
El anuncio lo hizo con bombos y platillos, en el salón Patricias de la Casa de Gobierno, el mandatario Francisco Pérez junto al titular de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente; el procurador de la Corte, Rodolfo González, y el ministro de Seguridad, Carlos Aranda.
Todo fue posible luego de que la Justicia habilitara con una acordada –resolución del máximo tribunal– a través de la Corte provincial la posibilidad de deshacerse de ese oxidado cementerio.
“La Corte nos ha hecho entrega de la acordada donde se establece un mecanismo de un nuevo procedimiento para disponer de los autos secuestrados por causas judiciales, que datan de más de 30 años en algunos casos, que están en la playa San Agustín bajo la custodia del Ministerio de Seguridad”, abrió el gobernador Pérez en rueda de prensa.
Paco sentenció: “Algunos irán a la destrucción, otros podrán ser utilizados por el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, y los que estén en mejor estado se evaluará para sacarlos a remate público”.
El mandatario aseguró que se buscará aplicar una solución integral y que “se empezará a trabajar a partir de ahora con un equipo de gente del Poder Judicial, que dejará constancia del destino que tendrá cada uno de los 22 mil vehículos que están en esa situación”.
“Mientras –continuó–, el Ministerio de Seguridad llamará a un concurso de precios, a una licitación, para la empresa que finalmente se encargue en destruir los vehículos”.
Pérez puntualizó que en la acordada de la Corte está previsto que los autos que datan de muchos años incendiados o ya irrecuperables pasarán a la destrucción. “No hay una cantidad de años estipulada. Será de acuerdo a las condiciones en que estén los rodados”, enfatizó.
El gobernador aclaró que “lo que ha hecho la Corte es disponer que los juzgados que han intervenido en el secuestro o decomiso de esos automóviles informen la situación judicial de los mismos en un plazo de cinco días. Vencido el plazo, si no se recibe respuesta alguna del juzgado pasa a decomiso bajo la órbita de la Procuración de la Corte”.
La erradicación de ese amontonamiento de rodados, que incluye micros, camiones, camionetas, automóviles, motos y hasta bicicletas, dependerá de la selección previa que se realice.
Se empezará con los vehículos más viejos, que además darán menos problemas judicialmente, y se irá trabajando con el resto.
El gobernador arriesgó incluso esperanzarse con el reciclado de algunos rodados que le pueden servir al Estado.
“Hay colectivos que, si se arreglan, podemos utilizar para distintas actividades, o camiones que agregándosele un tanque atrás pueden servir para distribuir agua en las zonas donde cuesta más que llegue”, graficó