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El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, ratificó que controlarán cada nombramiento de la gestión Pérez

Dalmiro Garay: “No vamos a pasar a planta a ninguno que no deba pasar”

Dalmiro Garay: “No vamos a pasar a planta a ninguno que no deba pasar”

Carina Luz Pérezperez.carina@diariouno.net.ar

Sanjuanino de nacimiento, mendocino por elección, Dalmiro Garay es una de los  nuevos  políticos que forman parte del gabinete de Alfredo Cornejo. Es el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia.  Su papá, de igual nombre, fue intendente de Jáchal por la UCR y de la mano del presidente Raúl Alfonsín. Desde entonces, aprendió a querer a la política, lo que lo llevó a ser titular de Franja Morada a nivel nacional y luego de la FUA (Federación Universitaria Argentina). Pero debió decidir entre terminar su estudios y  seguir militando. Ganó la primera opción: volvió a Mendoza, se recibió, puso su estudio, se casó y empezó su carrera como empleado público. Fue asesor jurídico en la Dirección General de Escuelas. Pasó por varios cargos hasta llegar a ser miembro de la Asesoría de Gobierno. También se especializó en el mercado eléctrico. Como en otros casos, conoció a Cornejo cuando el actual gobernador pasó por el Ministerio de Seguridad y, por supuesto, quedaron en contacto.
Si se lo consulta, dice que le sorprendió el ofrecimiento del mandatario, pero que tras un análisis en familia, aceptó el desafío de “transformar por completo la administración de la planta de personal del Estado, dinamizar la adecuación del Código Procesal Penal al nuevo Código Civil, restablecer datos certeros sobre el empleo en lo privado y en lo público, y establecer una normativa clara para el acceso a la información pública, sólo por nombrar algunos de los objetivos”. En lo inmediato, deberá revisar 400 designaciones realizadas por el ex gobernador Francisco Pérez.–Usted tendrá a cargo los cambios en el empleo público. ¿De qué se trata?–Sí, vamos a crear un área que tal vez se llamará de modernización del Estado y recursos humanos. Estamos viendo para meter mano en los empleados públicos, pero en el buen sentido. Queremos hacer estudios para obtener datos certeros sobre la planta, saber cómo evolucionó y así diagramar políticas uniformes para todos los ministerios, porque si no, pasa como antes, que cada ministerio hacía lo que quería y contrataba como quería. Entonces queremos volver al sistema de contratación estatutario y vamos a dar señales claras de que vamos hacia al concurso. Espero que ya podamos poner en marcha el sistema de concurso para ascensos porque es imposible meter más personal. Quizás haya designaciones interinas o temporarias, hasta que se llame a concurso, porque el proceso es complejo, pero soy optimista. Creo que en unos meses se puede hacer.–¿Es decir, llamar a concursos internos?–Sucede que somos superavitarios en normativas que hablan de los concursos abiertos, cerrados y del escalafón general, pero nunca se han aplicado. Esto fue así porque hubo un gran fenómeno dentro del empleo público. La precarización empezó en la década del ’90. Toda esa década se inundó de préstamos internacionales y entre las condiciones del BID o del Banco Mundial está que pedían contratar consultores o pasantes. Se llenó de eso y el empleo público se precarizó. Eso se conoce como la huida del derecho administrativo  que regula claramente la relación del empleo hacia otros derechos, como el civil por las locaciones o el derecho al trabajo por las pasantías. El problema es que la solución fue la vuelta al derecho administrativo, que terminó siendo tan inconstitucional como la huida. Por eso pasaron a planta a todos los empleados y a nuestro gobierno esa solución no le convence. Por eso hemos dicho que no vamos a pasar a planta a ninguno que no deba pasar. Por ejemplo, han firmado el convenio paritario en marzo 2015 para que sean de planta los designados en diciembre de 2014.–El pase a planta siempre fue moneda de cambio de las paritarias. ¿Qué piensa hacer con esto?–Eso tampoco es un reclamo justo. Es que no se dimensiona por ahí el concepto de planta permanente. Si alguien en una empresa trabaja mal, lo despiden. El empleado público es una persona que trabajando sin hacer mucho ruido, puede jubilarse en ese empleo. Esa noción de estabilidad, sin haber acreditado idoneidad, es complejo mantenerla. Pero no es complejo porque no sea idóneo, quizás sea muy idóneo. El problema es que se viola la igualdad de cualquiera que hubiera querido entrar en ese cargo. El concurso dice que deben existir condiciones de igualdad para el acceso al cargo público. Pueden haber funcionarios probos que elijan a los mejores, pero otros no. Ante eso, la Constitución prevé una garantía: siempre que le tenga que dar estabilidad a un trabajo, llame a concurso, para que cualquiera pueda acceder y que gane el mejor.–¿Qué relación se imagina con los gremios, que han planteado un escenario de protestas?–Me parece que estamos llegando un punto límite. Al gobernador se lo elige para lograr el bienestar general, porque es el mandato que le ha dado la gente, que el Estado funcione bien para la sociedad. En ese contexto, si los sindicatos nos acompañan, vamos a negociar razonablemente,  porque en ese contexto de legalidad, sin violar ninguna norma, el empleado público debe sentirse revalorizado, que está aportando a ese bienestar. Ahora, si el sindicato tiene que representar un derecho corporativo distinto a eso, no vamos a llegar a un acuerdo. –¿Pero acaso no tienen derechos adquiridos?–El derecho adquirido es una noción que tiene cuño constitucional, que se vincula con el derecho subjetivo a que una situación jurídica se mantenga en el tiempo. En el empleo público la única situación que me obliga a mantener en el tiempo es la estabilidad. En este caso, por concurso o por la distorsión por paritaria. Todas las designaciones que hizo Pérez en 2015 no tienen derecho adquirido a nada. Habrá que ver cuál es el grado del vicio. Por ejemplo, si alguien fue designado en una clase donde no hay partida presupuestaria, porque no fue analizado el gasto, la Corte ha dicho que eso es un vicio grosero y entonces, el acto es inexistente. Otro caso es el designado como interino en un cargo en que no tenía condiciones estatutarias. Hay que ver si eso es un vicio de nulidad. Un director en Hacienda, tiene cargo fuera de escala, tiene una clase reservada 12 y porque hace mucho que está, lo ajustan a la 13, pero no la está usando en realidad. Eso es un acto con un vicio claro y si no lo tuviera, si fuera un caso de derecho adquirido, están los seis meses para que el Estado haga control de la prestación, pero también debe revisar la necesidad de la designación.Tenemos chequeados no menos de 400 casos de funcionarios y secretarios privados. Todos esos casos se van a revisar y obviamente, que vamos a obrar dentro del marco de la legalidad, pero vamos a ser estrictos porque no es sólo una cuestión de juridicidad, no sólo porque estamos comprometidos por el estado de emergencia en que se encuentra la provincia, sino porque es una cuestión simbólica. Me parece que la sociedad y el empleado público van a ver que se respetan las normas, que venimos a cambiar.

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