Por Paola Piquer
@paolapiquer
El 1 de mayo del 2012, Francisco Pérez llevaba 5 meses en el Gobierno. Ese día le tocó encarar su primera Asamblea Legislativa, un verdadero desafío para cualquier mandatario. Promediando el discurso, Paco se quebró y lloró. Lo hizo mientras miraba a los ojos a su esposa, Celina Sánchez. “Me indigna el dolor de un paciente que espera horas por un turno para ser atendido”, dijo entre sollozos a la par que sus seguidores estallaban en aplausos.
Cuando todavía era candidato, Pérez no titubeó en identificar al Ministerio de Salud como el que peor había funcionado durante la gestión de su antecesor, Celso Jaque, a quien él acompañó también, pero como ministro de Infraestructura.
Por eso, al asumir nombró al mando del área a Carlos Díaz Russo, un médico que gerenciaba una prepaga en la que ganaba muy bien, mucho más que en el Estado, y que aceptó el cargo por un ideal: devolverle a su provincia la posibilidad de haber estudiado desde la primaria hasta recibirse en el sistema público.
Pérez puso todas sus fichas en esas buenas intenciones y en el inmaculado currículum vitae del profesional.
Sin embargo, las cosas no salieron como ambos soñaron, y en enero de este año Díaz Russo se marchó del Gabinete sin haber podido encarar transformaciones de fondo. “Sin pena ni gloria”, como dicen en mi barrio.
Su lugar fue ocupado por un amigo íntimo de Paco, un hermano por elección: Matías Roby.
Imposible evaluar su desempeño. Cuatro meses no es tiempo suficiente.
Pero lo concreto es que acá estamos a poco más de 2 años de aquella Asamblea, dando vueltas en el mismo lugar, con los mendocinos que no tienen obra social aguantando largas horas para que los vea un profesional.
No lo digo yo. Surge de una investigación que realizó la periodista Carina Luz Pérez para Diario UNO el pasado jueves 22, de madrugada. Esa noche, tal vez la más gélida desde que arrancó el otoño, el panorama en 5 de los 6 centros de salud cabecera del Gran Mendoza resultó desolador: las colas eran interminables y las historias, conmovedoras.
De entre las decenas de testimonios que surgieron me detengo en el de Norma Luján, quien es ama de casa y tiene 25 años.
En la foto que ilustra esta nota aparece sentada junto a una familiar suya, que le sostiene en brazos a su hijo Alexis, de 6 meses. El bebé, al momento de la nota, estaba sano. Sí, sí, lee bien: sano.
Sin embargo, debió soportar durante horas el frío y la lluvia para que un pediatra le hiciera el control. Fue en el centro de salud Nº16, de Guaymallén.
Norma necesitaba el certificado “con suma urgencia” para presentar en ANSES y así cobrar la Asignación Universal por Hijo que le corresponde por estar desempleada.
Y como por teléfono es imposible conseguir turno, tuvo que pasar por la denigrante experiencia de la fila y de la noche oscura y del agua cayendo sin cesar.
Destaco este caso porque a mi juicio termina siendo emblemático: un niño sin problemas de salud teniendo que someterse a condiciones climáticas que bien pudieron derivar en una enfermedad y todo porque el Estado (en este caso el nacional) busca protegerlo a través de una ayuda económico-social para su progenitora que carece de trabajo.
Para llorar, claro, cómo no.
