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Mañana se reunirá con el presidente de la Corte, Pedro Llorente, para explicarle el impacto del dictamen. Advirtió de que las medidas que exige el tribunal son inaplicables, por falta de recursos en el sistema de seguridad 

Cornejo buscará frenar el fallo sobre la prisión preventiva

Cornejo buscará frenar el fallo sobre la prisión preventiva

Carina Luz Pérezperez.carina@diariouno.net.ar

El gobernador Alfredo Cornejo intentará que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza reconsidere el fallo por el cual ordenó revisar las condiciones en las que fueron dictadas más de 800 prisiones preventivas, la mayoría de las cuales no cuentan con el aval de los jueces de garantías.Mañana se reunirá con el presidente de la  Corte, Pedro Llorente, en la búsqueda de ser escuchado por el tribunal superior y encontrar alguna vía de negociación para obtener mayores plazos de ejecución del dictamen o modificaciones sobre algunos aspectos concretos de la parte resolutiva del fallo.
Es que para el Gobierno, la sentencia tendrá efectos sobre las detenciones futuras al exigir que en el término de 24 horas un juez sea quien confirme si los detenidos por orden de un fiscal deben seguir o no en la cárcel hasta tanto se eleve a juicio su caso, por lo que suponen que un violador, un ladrón o un asesino podría llegar a estar en libertad. Esto implicaría el riesgo de que el delincuente pueda cometer otro delito o corromper las pruebas que existen en su contra.El impacto  Pero lo que más movilizó al Gobierno no es solamente las medidas que ordena el fallo hacia el interior de la Justicia para agilizar los procesos, sino que tales acciones tendrán repercusiones directas sobre el sistema de seguridad, al requerir una  cantidad importante de personal policial para cumplirlo.Una simulación realizada por el jefe de la Policía de Mendoza, comisario general Roberto Munives, estimó tal impacto al tomar como ejemplo las acciones realizadas en un día de trabajo policial. El día elegido fue el 30 de abril pasado, cuando fueron detenidas 50 personas por diferentes hechos.Según Munives, “de actuar de acuerdo con la sentencia de la Corte, serían necesarios 50 móviles con dos o tres efectivos para la detención, más otros 50 autos para dar con los testigos, porque las pruebas tienen elementos físicos y testimoniales, que hacen a la imputación.  Otros cincuenta móviles, para las inspecciones oculares,  más todo el personal que hace las pericias criminalísticas, las ruedas de reconocimiento, el trabajo administrativo, etcétera. Es decir, alrededor de 1.000 policías y otros 250 móviles policiales que debería disponer para atender lo requerido legítimamente por la Justicia, descuidando lo que tenemos como tarea preventiva”.Las razones políticas Si bien Cornejo no consideró como una intromisión lisa y llana del Poder Judicial sobre las atribuciones que le corresponden al Poder Ejecutivo para organizar el sistema de seguridad, afirmó que “sí tiene impacto, porque ocupa hombres, móviles, recursos materiales, es decir  reformula todo  el sistema dedicado a tratar de prevenir el delito sobre la detención de las personas”. Acompañado por la vicegobernadora Laura Montero, el ministro de Seguridad, Gianni Venier, y los diputados y senadores del frente Cambia Mendoza, y sus respectivas autoridades de bloque, el gobernador no se privó de dar una lectura política al fallo de la Corte, firmado en plenario por 4 de los 7 miembros del tribunal.Aseguró que el autor del dictamen, que es el juez Omar Palermo, tomó mucho de los argumentos presentados por los abogados de Xumec, que pidieron el hábeas corpus por más de 800 personas, en el marco de un reclamo de años por las condiciones de hacinamiento de las cárceles mendocinas.Y se quejó de que como juez Palermo y la Corte tuvieron muchas oportunidades para exigir el cumplimiento de las garantías, “ya que tienen la superintendencia sobre los jueces, y no hicieron nada”.“Podríamos tener cárceles sin hacinamiento, o no detener a nadie, pero no es lo que espera el conjunto de la ciudadanía. El Poder Judicial tiene que hacer su parte. Si no son ágiles en las detenciones y la prisión preventiva, podrían haber tomado decisiones en todo este tiempo. Si el doctor Palermo y la Corte saben que actúan mal los fiscales y los jueces para dictar las prisiones, podrían haber aplicado sanciones y  corregido estas cuestiones, y no pretender con  un hábeas corpus cambiar de un día para otro”.En cuanto a las razones políticas que podrían existir para perjudicar al Gobierno, ya que Palermo es parte de Justicia Legítima, claramente identificada con el Frente para la Victoria, Cornejo dijo: “No tengo pruebas, pero debo desconfiar, ya que los abogados que presentaron este hábeas corpus trabajaron con Celso Jaque, y desde entonces no se construyó un solo metro cuadrado de cárceles, porque para ellos no hay que construirlas”.Aun así, recordó que su propuesta de gobierno incluye un sistema oral de justicia similar a lo que hace Chile, donde si una persona es detenida se llama a los testigos, a la defensa y a un fiscal, y en horas puede resolverse el tema.  Pero, según el gobernador, “no se puede acortar camino agilizando la Justicia con un proceso escrito que lo hace imposible de cumplir. Hay que crear las condiciones para cambiarlo”.

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