Por Paola Alé[email protected]
La insólita fuga del estafador Víctor Ignacio Suárez (41), alias Meteoro, de la cárcel de Boulogne Sur Mer, aprovechando el movimiento que se generó en el penal durante el horario de visita del lunes pasado –se investiga si hubo complicidad de algunos guardias– abrió el debate acerca de las medidas de seguridad y de los controles en los accesos a esa prisión y a los otros establecimientos penales de la provincia.
Se habla de colapso de personal, de falta de tecnología para controlar y de la necesidad de incorporación de medidas electrónicas de monitoreo. Sin embargo, según indicó el diputado Daniel Cassia (Frente Renovador), entre los puntos de más sencilla resolución está el de hacer efectivo cumplimiento del artículo 63 de la Ley Nacional 24.660, en la que se indica la obligatoriedad de vestimenta identificatoria de los presos. Esta uniforme no debería ser, en ningún caso, discriminatorio o humillante. El uso de vestimenta especial ayudaría a identificar a un interno con apenas pasar revista visual de los presos que reciben visitas. Sin embargo, el director del Sistema Penitenciario, Eduardo Orellana, expresó que esta medida podría resultar discriminatoria y no tan útil para el fin que se persigue. A nivel nacional, otro mendocino, el diputado Luis Petri, también solicitará que este aspecto de la ley se cumpla. Polémica por discriminación En su artículo 63, la Ley Nacional 24.660 indica que el Estado debe proporcionarle al interno vestimenta que se adapte al clima y a la estación del año. Será de uso exclusivo en el interior del establecimiento; es decir que cuando el preso está a punto de cumplir su condena y accede al régimen de salidas transitorias, puede salir usando su propia ropa. Cassia aseguró que esta medida es absolutamente factible de poner en práctica y no implica mucho dinero ni complicaciones para el Estado. Al respecto, Orellana explicó que si no se cumple este artículo de la ley es porque hay tratados internacionales con rango constitucional que prohíben el uso de uniformes discriminatorios en las cárceles. Sobre este punto Cassia aseguró que “la misma ley ya prevé eso. De hecho, deja establecido respecto a la vestimenta que de ninguna manera por sus características puede resultar humillante”, apuntó el legislador. Y agregó hasta qué punto el Estado debe ser responsable de que el preso no sea discriminado por su aspecto. “La administración de la cárcel deberá proveer al interno de ropa adecuada para salidas autorizadas si es que él no dispone de ellas”, sostuvo el político del Frente Renovador. Consultado Orellana sobre la posibilidad de que los presos utilizaran un uniforme identificatorio (podría ser un pantalón y una camisa, por ejemplo) y si a él le parecía discriminatorio, el funcionario sólo dijo que quedaba a criterio de cada persona. Una medida polémica Pero más allá del cuestionamiento acerca de si puede considerarse estigmatizante, el punto es que, según Orellana, no sería demasiado útil, ya que así como Meteoro armó una coartada para escapar, involucrando a su pareja y a un cómplice, bien podría haber utilizado un ardid para cambiarse un uniforme con otra persona que podría ser un visitante. Al respecto, Cassia opinó: “Seguramente van a decir que la ropa se la pueden cambiar, pero una vez que ingresan los visitantes, el patio se cierra, justamente para aumentar el control sobre los presos y también sobre las visitas. En teoría debería ser difícil entrar y salir del patio de visita”, señaló y agregó que “ si bien es muy difícil, o casi imposible, que un penitenciario se acuerde de todas las caras de los presos, el uniforme sería de suma utilidad para que los guardias puedan distinguir a los internos de los que no lo son con sólo pasar la mirada”. Por otra parte, siempre según Cassia, es una medida de seguridad muy económica y fácil de poner en práctica. El legislador massista sostuvo que hasta los mismos presos que trabajan en los talleres de costura podrían confeccionar los uniformes. De todas maneras, Orellana dijo que no hay novedades al respecto y que no se ha considerado la posibilidad de poner este artículo en vigencia. Emergencia penitenciaria Cuando el vicegobernador salió a pedir la emergencia en seguridad pública, hace unos meses y con motivo del asesinato de un turista neocelandés en el parque General San Martín, el legislador Daniel Cassia fue por más. Pidió también la emergencia vial y la penitenciaria. Esto, por la mala situación de las cárceles mendocinas, la superpoblación y la escasez de personal, insumos y tecnología. Hoy las condiciones no han cambiado, y el pedido tampoco. Pero, como la emergencia quedó trunca, varada en la Cámara de Diputados, ahora Cassia va a solicitar, como proyecto individual, la emergencia penitenciaria. El punto es que el sistema penitenciario disponga de los fondos necesarios para ampliar la cantidad de plazas (ya que los penales están colapsados), comprar tecnología para controlar los ingresos y los egresos y también, tal y como lo apuntó Eduardo Orellana, director del Sistema Penitenciario, controlar a los propios guardias. En cuanto a este funcionario, consultado sobre la viabilidad del pedido de Cassia, respondió que está de acuerdo plenamente en el reclamo. “Las cárceles no se llenan con presos. Se llenan con guardias, con administrativos, con docentes, profesionales de la salud y todo el que trabaje para mejorar la situación de los internos”, dijo Orellana y agregó que es necesario disponer de los fondos para activar todos estos servicios y hacer que funcionen bien. Sin novedades sobre Meteoro, el estafador El director del Servicio Penitenciario de la provincia, Eduardo Orellana, aseguró que por ahora no hay novedades sobre Víctor Ignacio Suárez, el preso oriundo de la provincia de Santa Fe que se fugó el lunes a las 15 del penal de Boulogne Sur Mer. “Estamos todos rogando que aparezca, pero no tenemos novedades” sostuvo Orellana. El preso fugado, apodado Meteoro, es un estafador profesional que utilizó inteligentes ardides para escapar. De todas maneras Orellana reconoció que fallaron los sistemas de control. Por este motivo hay 18 penitenciarios sumariados, inclusive los jefes de servicio. El preso que escapó ha cometido más de 300 estafas de las cuales sólo 10 las hizo en nuestra provincia. Estaba procesado por el fiscal de Capital Carlos Torres y llevaba dos meses en la Penitenciaría.
