El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez afirmó que "los derechos de La Pampa sobre el río Atuel son claros, concretos y objetivos", y destacó la audiencia pública citada por la Corte Suprema de Justicia, luego de reunirse con el vicegobernador Mariano Fernández en la ciudad de Santa Rosa."Tengo una postura tomada desde siempre, en términos de que los derechos de La Pampa sobre el Atuel son claros, concretos y objetivos, y que lo único que falta es que un tribunal lo reconozca y se arbitren las soluciones técnicas para que la provincia vuelva a tener el río", manifestó el letrado.
Gil Domínguez se reunió con el vicegobernador en la Legislatura provincial del Centro Cívico local antes de brindar una charla en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) sobre el beneficio del "2x1" de la Corte Suprema de Justicia al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad.
En mayo del año 2014, el gobierno de La Pampa presentó una demanda por segunda vez ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra Mendoza, por lo que el máximo tribunal citó a una audiencia pública y de conciliación entre las partes para el 14 de junio.
El encuentro se realizará en el cuarto piso del Palacio de Justicia ubicado en Talcahuano 550 de la Capital Federal. Un grupo de municipios pampeanos, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeano, en tanto, ya se presentaron como "amicus curiae".
"Las audiencias son muy importantes, porque muchas veces han definido el destino de las causas en términos políticos. Las condiciones para La Pampa son favorables porque está a simple vista el daño ambiental, no hay que hacer grandes pericias ya que es objetivamente verificable por cualquier persona que pase por ahí", agregó.
El conflicto por las aguas del río Atuel se remonta al año 1947, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, formado en el departamento de San Rafael, en el sur de Mendoza, que modificó el curso del agua, perjudicando al oeste pampeano.
En 1987, durante el primer juicio por el corte del río Atuel, la Corte Suprema estableció el carácter "interprovincial" del curso hídrico y reguló la utilización del agua de forma compartida.
Sobre el fallo que otorgó el beneficio "2x1" a Muiña, el abogado Gil Domínguez dijo que la nueva integración de la Corte Suprema "ha generado un retroceso injustificado en materia de Derechos Humanos".
