Cesantearon a dos agentes del Ministerio de Turismo por faltante de $170.000 de alquileres

Los echados son Rosa Villegas y Valentín Sosa, quienes quedaron fuera del ministerio luego de ser sumariados administrativamente porque la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas de la Provincia detectaron que se habían firmado recibos oficiales pero no se habían registrado los depósitos del dinero en el Banco Nación.

Los cesanteados fueron denunciados además por parte del ministro del área, Javier Espina, ante la fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos. Lo cierto es que no pudieron responder adónde fueron a parar $170.000 que el Estado debería haber cobrado en concepto de alquiler por distintas actividades realizadas en estos centros de eventos entre los años 2009 y 2011. Ahora tendrán que pagar con sus propios bienes. En su descargo Rosa Villegas habría afirmado que fue ella la primera persona en denunciar el probable ilícito.

En octubre del 2012, el ministro de Turismo, Javier Espina, se presentó ante la fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos para denunciar un caso de presunta malversación de fondos públicos. Puntualmente la falta de dinero que debería haber cobrado el Estado por el alquiler del Centro de Congresos y Exposiciones y el auditorio Ángel Bustelo.

En cuanto se detectó el problema, la Contaduría General de la Provincia decidió iniciar una investigación administrativa. En un comienzo el monto que no podía justificarse era de $30.000, luego de $90.000. Finalmente se detectó un faltante de $170.000, según informaron abogados del ministerio.

Entonces se realizó la denuncia en la Fiscalía de Delitos Complejos, por presunta malversación de fondos.

Cuando sucede este tipo de situaciones las investigaciones van por dos carriles. Uno de ellos es la fase administrativa, que es interna y la efectúa el empleador (en este caso, el ministerio). En este procedimiento se recaba información necesaria para poder tomar una determinación acerca de la cesantía o permanencia de los involucrados. Se abre un sumario y se resuelve. Para llevarlo adelante se pusieron en juego informes elaborados por el Tribunal de Cuentas provincial y Contaduría.

El sumario que se abrió por este caso es el número 201C/2012.

Luego y con toda la documentación en mano, la que decide es la Junta de Disciplina. La determinación que se tomó fue dejar cesantes a estos dos empleados del ministerio, quienes debían proteger los bienes del Estado: Rosa Villegas y Valentín Sosa.

Por otro lado se inició una demanda penal, en la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Claudia Ríos, cuyo expediente es el p139780/12. Según entienden los abogados de Turismo, ya concluyó la etapa de la investigación y la causa ha sido elevada a juicio.

Penas

¿Qué se hace en este tipo de situaciones en las que son los intereses del Estado los que se han visto afectados?

Por un lado, se deja cesantes a los involucrados, que es una decisión que ya se tomó en el Ejecutivo. Pero también, y a través de un fallo del Tribunal de Cuentas, se ordena la restitución de los fondos al Estado, es decir que  los dos empleados despedidos deben responder con sus bienes personales por un monto equivalente al que faltó de las arcas públicas.

Esta restitución de dinero se puede realizar por vía judicial, cuando comienza el juicio y el Estado se constituye en actor civil, probando que se han afectado sus bienes. O se puede reclamar la devolución por vía administrativa.  O por las dos formas.

Por el momento se ha dejado cesantes a quienes se halló responsables, pero según los abogados la causa penal continúa su curso.

Avatares de la causa

En 2012 el ministro Javier Espina realizó denuncias sobre las cuentas del Centro de Congresos. Es que había un faltante de dinero por el alquiler de salas que no estaba depositado en ninguna cuenta, explicó el funcionario a  la fiscal Claudia Ríos. Se habló por entonces de $88.000.

En ese momento la denuncia de Espina salpicó a quienes estuvieron a cargo de la dirección de ese espacio durante 2011: Federico Vázquez de Novoa, hasta principios de mayo, y Marcelo Quercetti a partir de entonces y hasta el último día de junio de 2012. Ambos renunciaron, en su momento.

Expedientes

En dos ámbitos. Por el caso se abrió un sumario administrativo en Turismo (201C/2012) y un expediente judicial en Delitos Complejos (p139780/12).

30.000 pesos fue el primer faltante detectado. Luego subió a $90.000 y finalmente a $170.000.

2 años fueron los investigados en esta causa: desde el 2009 hasta el 2011.