"Golpee la otra puerta, acá no es". Este es el resumen que puede hacerse del caso de Catherina Cardozo, de 3 años. Violada y asesinada a golpes, no solamente por el padrastro y la madre -supuestos responsables directos del hecho- sino por el Estado, que en estos casos fue, es y será el culpable indirecto. Un Estado ausente, más preocupado por apartarse de la responsabilidad del hecho que de hacerse cargo de averiguar la razón por la que la familia de Cathi esté hoy juntando dinero para velarla.
Cathi es Luciana Rodríguez, asesinada por su padrastro en el 2014.
Cathi es Andrea Ábalos, asesinada por sus padres en el 2007.
Cathi es todas las niñas y niños cuyos derechos son vulnerados sistemáticamente por un Estado anómico.
Que fue responsabilidad del Órgano Administrativo Local (OAL). Que fue responsabilidad de la Justicia, porque el principal sospechoso, el padrastro Gabriel Brizuela, tenía una denuncia por maltratar a la otra hija de Cintia Cardozo, hoy internada en el hospital Notti, y no lo detuvo.
Que fue responsabilidad de un sistema que restringe oportunidades a los pobres y los encierra en una lógica de que delinquir, violar, robar, maltratar y matar son posibles. Lo cierto es que ninguno de estos estamentos cumplió con su obligación. Todos dejaron un bache, un blanco, una pincelada de desidia.
El asesino no asesina solo. Asesina encubierto por todo un sistema que lo sostiene y que impacta sobre los más vulnerables, que se llaman Catherina, Luciana, Andrea, y cientos más. Un sistema al que no se puede sentar en el banquillo de los acusados, un Estado que ni siquiera explica por qué, pero que llevó a Catherina de la mano a un ataúd.
