Por Javier [email protected]
Rafael Vizcarra, cuestionado por Claudia Rivas, abuela de la nena asesinada, fue acusado por la Fiscalía de Delitos Complejos por el presunto delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte.
Caso Luciana: imputaron a un operador de la Dinaf y a cinco funcionarios del área
Seis personas pertenecientes al Organismo Administrativo Local (OAL) y a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) fueron citadas, aprehendidas e imputadas ayer por la fiscal especial Claudia Ríos. Todos fueron cuestionados por la responsabilidad que tuvieron en la muerte de la pequeña Luciana Rodríguez (3).
La magistrada decidió acusar al conjunto por la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y sólo a cinco de ellos les sumó el delito de abandono de persona seguido de muerte.
Los detenidos son Fernando Herrera, director de Protección de Derechos de la DINAF; Felipe Rafael Vizcarra, operador a cargo la situación; Vanesa Gianina Consina, coordinadora del OAL de Capital; Fabiana Lucentini, psicóloga, y una mujer apellidada Castro –no se informó su nombre– y Mauricio Flores, operadores de la OAL.
Antes del cierre de esta edición se supo que los seis que aguardaban junto a sus abogados en la Dirección de Investigaciones esperando el informe del Registro Nacional de Reincidencia quedaron en libertad bajo fianza y tienen cinco días para pagar $60.000 (Herrera y Consina), $30.000 (Lucentini) y $15.000 (Vizcarra).
Sobre Flores y Castro pesan fianzas por juratoria. El primero estuvo de guardia telefónica el 31 de diciembre, cuando Luciana fue restituida a su madre.
El resto de los involucrados carga con delitos graves y penas que suponen de cinco a 15 años de cárcel si no cumplen con la fianza.
Asimismo, la acusación penal es acompañada por otros canales legales de un sumario administrativo para cada uno de los implicados.
Según la defensa, ésta es sólo una calificación provisoria, aunque admitieron que la situación procesal de sus clientes es bastante difícil ya que deberán demostrar que la negligencia no fue producto de ellos, sino parte de un sistema y un protocolo de actuación incompetentes desde el punto de vista técnico, material, financiero y con relación a la capacidad de los recursos con los que se cuentan para acudir a proporcionar soluciones en situaciones de riesgo y maltrato.
Sobre este aspecto, Pablo Cazabán, abogado defensor de Flores, dijo que –según pudo constatar con su cliente– la muerte de Luciana “era un resultado cantado, era inevitable. Los operadores vienen advirtiendo desde hace dos años de las falencias del sistema. Hoy, la guardia no tiene movilidad; no hay ningún elemento material, técnico y financiero para atender la demanda social. Esta situación se les viene advirtiendo a los funcionarios por escrito, y al ministro. Se les dijo con dos años de anticipación que esto no funciona y que iba a producirse una muerte”.
Con estos funcionarios detenidos ya son ocho los acusados como responsables del crimen, porque horas después de que un fuerte golpe en la cabeza le quitara la vida a Luciana fueron enviados a la cárcel su madre, Rita Rodríguez (24), y su padrastro, Jorge Orellano (36).
Fue la abuela de la pequeña asesinada, Claudia Rivas, la primera en hacer públicas las acusaciones contra operadores y funcionarios del Gobierno, y quien cargó contra la burocracia estatal señalando a toda voz que les advirtió a los encargados de la DINAF y el OAL que la niña estaba en peligro y que no la escucharon a pesar de sus reiterados pedidos.
