A cuatro años de que las juezas del Valle de Uco implicadas en la adopción irregular de dos nenas estén inactivas, debido a que el Jury las suspendió, el procedimiento se reactivó para que se sepa, finalmente, si serán o no enjuiciadas. Ahora se corrió vista al procurador de la Corte, Rodolfo González, para que determine si María Lizán y Adriana Rodríguez -porque Susana Barrigón renunció en 2015 y quedó fuera del proceso- deben o no ser destituidas de sus cargos.
El jueves, luego de una reunión de los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento de la Suprema Corte de Justicia, se determinó que se corriera vista al procurador para que se pronuncie concretamente respecto de las causas en trámite. De este modo, se busca que el procedimiento avance y se considere si existen más pruebas que las compliquen para que las convoquen a un Jury de enjuiciamiento. La reactivación fue a pedido de Lizán, que no ejerce desde 2012, ya que dependiendo de la resolución del juez, ellas podrían volver a ocupar sus puestos de trabajo o, en su defecto, los perderían definitivamente.
En el Salón de Acuerdos se puso a consideración del Jury la moción respecto del estado de las causas, teniendo en cuenta el rechazo del recurso federal planteado por la Suprema Corte de Justicia, que convirtió en definitiva la sentencia de sobreseimiento y que llevaría en consecuencia a levantar la suspensión del procedimiento oportunamente ordenado.
Los miembros del Tribunal, por su parte, aprobaron por unanimidad lo siguiente: "Córrase vista al señor procurador general, para que se pronuncie correctamente respecto de las causas en trámite, sobre lo solicitado expresamente por las doctoras Lizán y Rodríguez".
A su vez, en el caso de la jueza Rodríguez, se determinó formalmente admitir la ampliación de la acusación formulada en su contra.
Antecedentes
La última novedad que hubo en el caso fue a fines de 2015 cuando la Suprema Corte ratificó el sobreseimiento de María Lizán, Adriana Rodríguez y Susana Barrigón, dictado en 2013 por el juez de Instrucción de Tunuyán, Fernando Ugarte, ya que no se pudo comprobar la hipótesis de que comercializaran las adopciones. Ellas habían sido acusadas penalmente por trámites de adopción presuntamente irregulares de dos hermanas, realizados en 2009 y 2010, que se hicieron públicos cuando el abogado de la madre de las niñas, Edgardo Vallés, denunció una supuesta red de venta de niños montada -según él- por las propias magistradas.
Barrigón quedó fuera del proceso, ya que presentó su renuncia al cargo argumentando incapacidad laboral y acogiéndose al beneficio jubilatorio, consentimiento mediante del ex gobernador Francisco Pérez, que le dio cabida a la solicitud de la magistrada, ya que en ese entonces tenía la facultad de aceptar o no la dimisión de todo funcionario público.
El caso
Susana Barrigón (Segundo Juzgado de Familia de Tunuyán), María Lizán (Primer Juzgado de Familia de Tunuyán) y Adriana Rodríguez (Tercer Juzgado de Familia de Tupungato) habían sido acusadas por el juez de Instrucción Oscar Balmes por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, prevaricato, falsedad ideológica y supresión de identidad de dos menores de 10 años.
Balmes fue recusado por una de las partes y al no aceptar la recusación, fue apartado por la Cámara de Apelaciones, razón por la cual las causas recayeron en manos de Ugarte, quien luego las sobreseyó.
Las irregularidades fueron detectadas en 2011, cuando se verificó que una causa de adopción estaba mal archivada por un fiscal. A partir de eso trascendió que Barrigón visitó con un matrimonio un orfanato de Tunuyán, donde estaba una de las menores adoptadas y que le sacó fotos. A la otra semana ese matrimonio, oriundo de Buenos Aires y que vivía en Tunuyán, fue elegido para adoptar a la menor que había visitado. El trámite de adopción lo formalizó la jueza Adriana Rodríguez, de Tupungato, quien estaba de turno y subrogaba a la vez el juzgado de Tunuyán de María Lizán, quien estaba de licencia.
