Por Carina Luz Pé[email protected]
El radicalismo presentó en el Congreso de la Nación una ley para sancionar penalmente a los padres “abandónicos”, aquellos que no son suficientemente responsables de sus hijos como para proporcionarles lo necesario desde el punto de vista material, pero sobre todo en lo afectivo-formativo, provocando que el chico viva situaciones en las que corra peligro o pueda poner en riesgo a terceros.
Por ejemplo, si el niño robara en un quiosco y al ser analizada la situación se puede comprobar que el menor no fue contenido por la familia, no concurre al colegio y está sin control parental alguno, deberá enfrentar sus responsabilidades –el niño o adolescente por haber cometido el delito–, pero también los padres o los tutores con prisión de 3 meses a 6 años, o pagar una multa de $1 mil a $15 mil, o recibir una inhabilitación especial de 1 a 10 años, dependiendo del caso en cuestión. Para llevar a la práctica esta idea, la iniciativa firmada por los diputados Julio Cobos, Luis Petri, Patricia Giménez y Enrique Vaquié establece agregar el segundo párrafo al artículo 108 del Código Penal (que habla sobre el abandono de persona), tomando como base la legislación que ya rige en el Código Civil sobre los deberes y derechos que implica ejercer la patria potestad sobre los hijos. Si bien el proyecto está firmado en conjunto, Petri explicó: “Lo que se busca es que los padres cumplan con sus obligaciones de asistencia y contención de los chicos, y si no es por el amor a sus hijos al menos que sea por el temor a ser sancionados”. Petri negó que la norma termine estigmatizando a los sectores más vulnerables, ya que –según su punto de vista– “el cuidado de los chicos es independiente de los recursos de la familia, si un papá trabaja muchas horas para mantener la familia, deberá demostrarlo, la intención es que los padres se hagan cargo de sus hijos. Hay un caso claro que pasó en Uruguay donde esta norma ya está en vigencia: un chico salía todos los días al colegio con un arma encima y los padres sabían esto, pero no hicieron nada para impedirlo y por eso fueron sancionados”. Más controles La norma va acompañada de un segundo proyecto, trabajado por Giménez, para cambiar el artículo 129 de la Ley de Educación Nacional, donde están establecidos los deberes de los padres para garantizar que los chicos vayan al colegio. Se agregaría otro párrafo para exigir que ante las ausencias reiteradas de los chicos en el colegio, los padres deban explicar a las autoridades docentes las razones de las faltas. De persistir en la ausencia a clases, los docentes podrán invocar la Ley de Educación para que esos papás realicen trabajos comunitarios o servicios sociales en la misma escuela. Si aún después de estas medidas, el alumno no retomara la concurrencia normal al colegio, se dará intervención al Órgano Administrativo Local en busca de garantizar el derecho a la educación de los niños. Giménez indicó que la sola presión de la asignación universal por hijo que exige la permanencia en el sistema educativo para poder cobrarse, no garantiza que el chico esté en el colegio. “Se pide a principios de año un certificado de alumno y otro al finalizar, pero el chico puede repetir, o rendir libre, es decir, tener la asignación no significa que cursó todo el tiempo. Y los docentes deben tener un instrumento para asegurar que los chicos asistan al colegio”, indicó. En el articulado dice textualmente: “Ante la ausencia injustificada del alumno/a por más de 3 obligaciones académicas continuas o 5 discontinuas, deberá citarse a su representante legal por el medio que se considere más idóneo, según las características geográficas”. De ser aprobado el proyecto nacional, habrá que ver cómo se conjuga con la resolución sobre las inasistencias de la DGE, en la que está establecido: “La asistencia anual de los alumnos a clases deberá alcanzar como mínimo el 85% de los días establecidos en el calendario escolar”. Además, indica que el tope de faltas es de 28 días y si fueran justificadas, pueden darse otros 5 días. Al superar ese límite, se evaluará su inasistencia por materia, teniendo en cuenta el 85% del presentismo en la misma. En resumen Rigor. El primer proyecto pretende que sea más efectiva en la realidad la patria potestad, sobre todo en lo que respecta a las obligaciones para mantener y educar a un hijo. Ausentismo. La segunda norma pretende que los padres estén más involucrados con la presencia de los chicos en el aula y, por ende, será obligatorio dar explicaciones por las faltas. Impulsan la cédula escolar Otro proyecto incluido en el paquete para garantizar el acceso a la educación de todos los chicos argentinos es la implementación de una cédula escolar que funcionaría del mismo modo que un DNI. A partir de un número otorgado al ingresar al sistema escolar en la salita de 4 años, deberá cargarse en un sistema informático todo el recorrido escolar hasta su egreso del secundario: dónde cursó, qué modalidades, ausentismo, becas, entre otros detalles. El objetivo de la cédula es doble: conocer qué sucede estadísticamente en el sistema educativo y prevenir el abandono.
