La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) manifestó ayer a través de una carta al gobernador Francisco Pérez, su “preocupación” por las denuncias de tortura, malos tratos y hacinamiento en las cárceles de la provincia y le pidió que se investiguen esos episodios.
La carta al gobernador fue enviada al cumplirse seis años de la entrada en vigencia de la Ley Provincial 7.930. Además, en agosto de 2004 se habían dictado medidas cautelares tendientes a garantizar la seguridad de los reclusos y mejorar las condiciones en dos cárceles de nuestra provincia.
Amnistía Internacional le pidió al gobernador que “cumpla con lo establecido por los tratados internacionales en la materia firmados por la Argentina, que obligan a llevar a cabo investigaciones imparciales e independientes” sobre esta clase de hechos, además de “garantizar que los responsables comparezcan ante la Justicia”.
“Amnistía entiende que luego de la sanción de la ley hubo ciertas mejoras, pero que la situación ha empeorado de forma preocupante a medida que fueron pasando los años”, sostuvo la organización de derechos humanos mediante un comunicado.
Al respecto, informó que recibió denuncias que indican, entre otras cosas que “entre junio de 2013 y junio de 2014 se habrían producido al menos nueve muertes por hechos violentos o suicidios en las cárceles provinciales”.
También “se habría amenazado y torturado a dos presos que contribuyeron a la divulgación de imágenes de torturas y malos tratos (uno de esos presos, Matías Tello, quien falleció en 2012, habría sido golpeado antes de morir, según estudios médicos)”.
“Las condiciones sanitarias y de higiene serían deplorables y también faltaría asistencia médica y psicológica; se ha denunciado que se ha sometido a presos a reclusión en condiciones de aislamiento por más de 20 horas al día. Varias decisiones judiciales dictadas en los últimos meses reflejan estas cuestiones”, añadió Amnistía Internacional.
La carta fue enviada con copia al canciller Héctor Timerman; al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak; a la subsecretaria de Justicia de la provincia, Romina Ronda; al procurador a favor de las personas privadas de libertad en Mendoza, Fabricio Imparado, y al relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de libertad de la CIDH, comisionado James Cavallaro.
