Adolescentes en problemas: la defensa de un abogado puede costar unos $25.000

A esta categoría saltaron sin imaginarlo los alumnos de la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz, investigados en la Justicia de menores por las reiteradas y falsas amenazas de bombas contra el colegio.

Pero en esta situación caen también aquellos jóvenes que mandan al hospital a otro por una feroz paliza, o los que manotean algo de un quiosco o una tienda como una travesura, los que portan un arma para presumir o los que andan con un poco de droga encima.

Empezando por el bolsillo, una consulta realizada por Diario UNO a varios penalistas reveló que atender la defensa de un solo alumno como el de los chicos de la Normal demanda un promedio de $25.000 en honorarios.

El impacto económico siempre se hace sentir y a los padres les queda la opción de afrontar los costos o acudir al defensor oficial de pobres y ausentes, que provee el Estado.

Eso en todo caso es el comienzo. Por adelante se abre un proceso judicial que habitualmente se extiende más de un año.

Este proceso implica a los jóvenes involucrados prestar declaración ante un fiscal, soportar que le pinten los dedos para ser identificado, pasar por entrevistas psicológicas, pericias psiquiátricas, encuestas ambientales de trabajadores sociales que van a comprobar qué hacen, cómo viven, si sus padres pueden o no hacerse cargo.

Caso testigoEl de la Escuela Normal será un caso testigo para la Justicia de menores, porque no hay casi antecedentes de judicialización por la vieja y repetida broma de la amenaza de bomba.

Hoy la fiscalía ya tiene identificados y bajo proceso a 7 alumnos del colegio como presuntos autores de las amenazas, y no serán los únicos ya que la Justicia pidió informes a la Dirección General de Escuelas sobre 17 alumnos de la Normal.

Quienes queden bajo sospecha y sean mayores de 16 años serían acusados del delito de intimidación pública, que en realidad fue pensado y legislado para amenazas ciertas y reales ya que en el artículo 211 dice: “Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes amenazare con la comisión de un delito de peligro común”.

Los fiscales y jueces de la Justicia de menores evaluarán y concluirán en definitiva y a su tiempo si los reiterados avisos de bombas de los alumnos sospechados incurren en ese delito.

Esto puede definirse en un juicio o antes de llegar a él. Lo que sucederá previamente es que de continuar el proceso judicial intervendrá la UMA (Unidad de Medidas Alternativas), encargada de la vigilancia de las reglas y requisitos que imponga el juez a los jóvenes, tanto en el buen comportamiento como para demostrar su resocialización.

A diferencia de los jóvenes de la Normal, otros adolescentes se meten en problemas muchos peores.

En 2012, un joven rugbier tomó a trompadas en las calles del barrio de Palmares a otro muchacho que era el ex novio de su novia.

Le propinó tal golpiza que lo mandó al quirófano al causarle una lesión grave en un ojo con riesgo de pérdida permanente.

El agresor terminó acusado de lesiones graves y amenazas ya que lo había amenazado previamente por el chat de Facebook y por mensaje de texto del celular. Además debió enfrentar una demanda judicial económica por el daño ocasionado.

Así peleas, palizas en las puertas de los boliches, amenazas de calibre que quedan registradas, acoso o bromas al límite pueden mutar en una pesada carga familiar.