La Suprema Corte de Justicia confirmó la cesantía de un abogado de la Dirección General de Escuelas (DGE), que durante años se dedicó a tramitar desalojos y recuperar viviendas para el Estado y terminó echado por permitir que su ex pareja y su hija viviesen sin autorización en una de esas propiedades.
La Corte falló en su contra
Un abogado que desalojaba casas para la DGE terminó echado por darle una vivienda a su ex
La casa entró al patrimonio de la DGE como herencia vacante. Años después, la ex pareja y una hija del abogado que intervino en su recuperación terminaron allí
El caso del abogado de la DGE terminó con fallo de la Suprema Corte.
El tribunal consideró de extrema gravedad su actuación respecto de una casa ubicada a metros del Parque O'Higgins, de Ciudad.
La historia comenzó en 2010, cuando la DGE detectó que esa vivienda había quedado como herencia vacante y le encargó al abogado Joel Alejandro Torreblanca Vargas que iniciara el juicio de desalojo para recuperar la propiedad. En 2014, la Justicia resolvió la entrega del inmueble a la DGE.
Pero con el paso de los años, la casa terminó siendo escenario de una trama que involucró a empleados del propio organismo, ocupantes sin autorización y al mismo abogado que había participado de su recuperación.
El caso terminó con una denuncia penal, un sumario administrativo y la cesantía de Torreblanca, quien, a su vez, se defendió denunciando ser víctima de un complot interno.
La recuperación de la casa para la DGE
Fue en noviembre de 2010 que la Dirección de Bienes Inmuebles de la DGE detectó que una vivienda ubicada a metros del Parque O'Higgins y la Costanera de la Ciudad de Mendoza, se encontraba en situación de herencia vacante tras el fallecimiento de su antigua comodataria, Catalina Farías.
Para regularizar y recuperar la propiedad, la DGE promovió un juicio de desalojo. El expediente recayó en manos de un abogado de la repartición: Joel Alejandro Torreblanca Vargas, un agente que durante años se desempeñó en el área jurídica manejando ejecuciones y recupero de viviendas.
El 14 de agosto de 2014, la Justicia civil ordenó la entrega del inmueble desocupado a favor de la DGE, quedando la custodia formal en la órbita de Servicios Generales de la repartición escolar.
Años de sombras y ocupantes misteriosos
Tras recuperar la casa, la DGE no le dio un destino escolar ni administrativo definitivo. Entre 2016 y 2017, la vivienda fue prestada informalmente para alojar a refugiados de Siria por indicación de autoridades del organismo, e incluso a fines de 2017 se constató la presencia de un ciudadano de nacionalidad brasileña que habitaba allí manifestando contar con autorización telefónica.
Ya a partir de junio de 2018, conforme lo recabado en el expediente, la propiedad pasó a tener ocupantes “definitivos”: una mujer y sus dos hijas menores.
El detalle clave que cambiaría el destino del caso fue que una de las niñas era hija del propio abogado Torreblanca Vargas, quien años atrás había liderado el desalojo judicial de esa misma vivienda.
El destape del escándalo
A mediados de 2019, cuando la DGE ya tenía sospechas de irregularidades, la Dirección de Asuntos Jurídicos envió a una escribana a realizar una inspección sorpresa en el domicilio.
Al llegar a la puerta, la escribana se encontró de frente con un empleado que trabajaba en la propia Asesoría Jurídica de la DGE. El hombre le dijo que "esperaba a un amigo" y se retiró rápidamente del lugar.
Dentro de la casa, la escribana fue atendida por una mujer (madre de la ex pareja de Torreblanca), quien declaró abiertamente que la vivienda era ocupada por su hija hacía un año, que su hija era la esposa (o ex) del abogado de la DGE y que éste "tenía la intención de comprar el inmueble para ella y por eso estaban viviendo allí".
Pocos días después, la ex del letrado presentó una nota ante la DGE solicitando formalmente la firma de un contrato de comodato a su favor, alegando que vivía allí con sus hijas y había realizado arreglos. El pedido nunca fue autorizado, dejando al descubierto una ocupación ilegítima de un bien del Estado.
En enero del año siguiente, una segunda constatación notarial observó a través de la ventana mobiliario habitado y una mamadera con leche en la mesa. Claramente, la familia seguía viviendo allí sin permiso. La DGE intimó a Torreblanca. En su respuesta, el abogado sostuvo que la casa había pasado por varias manos hasta que el propio empleado de Asesoría Jurídica se la prestó a su ex pareja “para cuidar la propiedad”.
Guerra interna, denuncias penales y el sumario que terminó en cesantía
La situación desencadenó en una tormenta administrativa y judicial. La DGE denunció penalmente a Torreblanca y la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos lo imputó por negociaciones incompatibles con la función pública.
El abogado, que se defendió a su mismo, alegó ser víctima de un complot y persecución laboral y que hasta sufrió recortes salariales arbitrarios.
En el sumario, Torreblanca denunció que le armaron la causa para “sacárselo de encima” y permitir que otro empleado de la DGE ocupara la vivienda para montar un negocio.
A pesar de sus descargos y planteos de nulidad, el director de la DGE de aquel entonces -José Thomas-, firmó su cesantía.
La Corte le dio la razón a la DGE
Con el despido en mano, Torreblanca demandó a la DGE ante la Suprema Corte de Justicia.
La sentencia definitiva llegó recién el 8 de septiembre -y se conoció públicamente el 24 de septiembre-: la Sala Segunda con los votos de Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio, rechazó la demanda del abogado y confirmó la cesantía.
El tribunal concluyó que el procedimiento fue válido y que la falta de Torreblanca fue de extrema gravedad. La Corte remarcó que un abogado del Estado, encargado precisamente de tramitar desalojos y recuperar bienes vacantes, no podía desconocer ni facilitar que su ex pareja y su propia hija ocuparan ilegalmente un bien público.
En pocas palabras
- Abogado cesanteado: la Corte Suprema de Justicia confirmó la cesantía de un abogado de la DGE por permitir la ocupación ilegal de una vivienda estatal.
- Ocupación irregular: el letrado facilitó que su ex pareja e hija residieran en una casa recuperada por el Estado, sin autorización formal.
- Gravedad de la falta: el tribunal consideró la actuación del abogado de extrema gravedad, dado su rol en la recuperación de bienes para el Estado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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