La suspensión de los plazos procesales por la pandemia de COVID-19 dejó en veremos el proceso de juicio político a dos magistrados mendocinos: Antonio Vicente Sánchez Rey y Fernanda Sarcinella.

El primero es camarista laboral y fue suspendido por el Jury de Enjuiciamiento hace poco más de un año.

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Por 21 a 0 (unanimidad), el organismo encargado de juzgar la conducta de magistrados decidió que sea sometido a juicio político por haber reclamado $4,5 millones por un accidente laboral.

Cuando Sánchez Rey renunció, el entonces gobernador Alfredo Cornejo, que promovió el Jury, rechazó la salida. Al mismo tiempo, el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos Ruiz inició una pesquisa por el delito de fraude y ordenó allanamientos.

El escándalo comenzó cuando la Superintendencia de Riegos de Trabajo advirtió acerca del millonario acuerdo entre Sánchez Rey y la ART que prestaba servicios para el Estado provincial.

La suspensión de los plazos procesales implica que se ha congelado la posibilidad de presentación de pruebas de las partes involucradas hasta que se reinicie la actividad a pleno.

Idéntica situación rodea al caso de Fernanda Sarcinella, quien se desempeña como Asesora de Menores y depende directamente del Ministerio Público de la Defensa.

Con casi quince de antigüedad en el Poder Judicial, la mujer fue denunciada porque llevaba dos años sin presentarse a trabajar ni justificar la ausencia.

Tratamiento psiquiátrico por insomnio y fatiga fueron los motivos que la llevaron a solicitar licencia pero según los superiores oportunamente dejó de presentar los certificados médicos.

Se le descontaron de dos haberes casi $200.000 y Sarcinella reclamó la reposición de ese dinero y que le siguieran pagando los sueldos en forma normal, pero esa pretensión fue rechazada de plano.

A comienzos de marzo, Mariana Silvestri, titular del Ministerio Público de la Defensa, denunció a Sarcinella en el Jury de Enjuiciamiento de magistrados.

El inicio de la pandemia y la casi paralización del Poder Judicial primero y la suspensión de los plazos procesales después dejaron en suspenso el avance de la investigación necesaria para convocar a los 21 miembros del Jury de Enjuiciamiento.

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