Condenaron en Mendoza a 25 miembros de una banda que traficaba armas a Chile

• Walter Amaya: recibió la pena más elevada, 6 años, al ser hallado culpable de asociación ilícita, tentativa de contrabando agravado, tenencia de armas de fuego y comercialización de estupefacientes.
• Bayron González Castro: condenado a 5 años y 4 meses como organizador de la asociación ilícita, tentativa de contrabando agravado y tenencia de armas. Al unificarse con una condena previa, su pena definitiva quedó en 8 años y 6 meses de prisión.
• Isaac Guillermo Orellana Orellana: condenado a 5 años y 4 meses como organizador y por tenencia ilegal de armas. Su pena se unificó con una sentencia anterior del Tribunal Oral en lo Criminal N°11 de Capital Federal, fijando una pena única de 8 años y 6 meses de prisión.
• Sergio Pereyra Martínez: condenado a 5 años y 4 meses por integrar la asociación ilícita, tentativa de contrabando y tenencia de armas.
• Resto de la banda: Las condenas incluyeron a choferes de camiones que realizaban los cruces fronterizos a Chile, acopiadores, encargados del traspaso de dinero procedente del país trasandino y revendedores de droga en domicilios del departamento de Maipú (24 acuerdos ya homologados y un integrante en proceso de homologación).

Armas como la de la imagen fueron secuestradas en los operativos.

Foto: archivo

Demás integrantes y colaboradores sancionados

Junto a los cabecillas, la nómina completa de los 25 miembros condenados e investigados dentro de la estructura suma las siguientes sanciones judiciales.

Alejandro Arias Glaria y Francisco Cáceres Castillo fueron condenados a 4 años y 8 meses por ser integrantes de la asociación ilícita y por la tenencia de armas sin autorización.

Gisselle Zúñiga Figueroa recibió 4 años efectiva también por integrar la asociación ilícita, mientras que Lucía Romero Rivas y Emilse Di Carlo Manganelli fueron condenadas a 4 años por este mismo delito, además de ser consideradas responsables del comercio de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de partícipe secundaria.

Juan Antonio Pacheco fue condenado a 4 años como partícipe secundario en los delitos de tenencia y comercio de estupefacientes y por ser coautor de la tenencia de armas sin autorización.

Alejandra Guzmán Orellana recibió 3 años y 9 meses por ser integrante de la asociación ilícita y por la tenencia de armas, mientras que Iván Pérez Di Carlo fue condenado a la misma pena, por ser partícipe secundario en los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercio de drogas.

Carolina Orellana Basaez fue condenada a 3 años y 7 meses por integrar la asociación ilícita. Marcela Amaya Cruz y Martha Cruz Cañas fueron condenadas a la misma cantidad de tiempo por ser partícipes secundarias en la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercio de drogas, y por ser coautoras de la tenencia de armas de fuego sin la debida autorización. A Cruz Cañas, también se la consideró responsable de integrar la asociación ilícita.

Carlos Ponce Lucero fue condenado a 3 años y 1 mes y declarado reincidente por ser integrante de la asociación ilícita, mientras que Roberto Agüero Moyano recibió 3 años de prisión efectiva por el mismo delito. Su pena fue unificada con una condena anterior y quedó fijada en cinco años y cuatro meses.

Juan Carlos Moreno Cruz, Elio Cortez Romero, Priscila Guzmán Orellana, Joana Guzmán Orellana y Katherine Guzmán Orellana fueron condenados a 3 años de prisión efectiva por integrar la asociación ilícita. Finalmente, Héctor Garro Díaz fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por tenencia simple de estupefacientes.

Felipe Machuca Ortiz fue condenado a 4 años por ser integrante de la asociación ilícita y por la tenencia de armas sin autorización y fue declarado reincidente por los antecedentes condenatorios previos que registraba.

Además, otros 5 acusados acordaron procesos de suspensión de juicio a prueba por uno o dos años dependiendo el caso, y otras 4 personas fueron sobreseídas al considerarse que el estupefaciente que se les había hallado era para consumo personal.

Una red transnacional desarticulada

De acuerdo con la instrucción del Ministerio Público Fiscal, la organización criminal operó de manera coordinada entre octubre de 2021 y diciembre de 2023.

El esquema comenzaba con la compra y acopio de armamento y pertrechos en Mendoza. Posteriormente, utilizaban camioneros para cruzar el material de forma clandestina a través de los pasos fronterizos hacia Chile. Durante las medidas de allanamiento desplegadas en la investigación, las autoridades no solo incautaron armamento de guerra y municiones, sino también dosis de estupefacientes destinadas al narcomenudeo en Maipú.